Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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El 23 de abril de 2007 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del sacerdote Marco
Arana y de la abogada Mirtha Vásquez y otros miembros de la organización “Grupo de
Formación Integral para el Desarrollo Sostenible” (GRUFIDES), institución que se dedica a
la defensa del medio ambiente, capacitación y asesoría legal a las comunidades
campesinas alrededor de la ciudad de Cajamarca, Perú. La información disponible indica
que los beneficiarios han sido objeto de amedrentamiento y amenazas por parte de
individuos que apoyan la actividad minera en la región y que algunas personas resultaron
asesinadas en enfrentamientos entre los sectores que apoyan dichas actividades y
aquéllos que protestan contra ellas. La Comisión solicitó al Estado peruano adoptar las
medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios,
verificar la aplicación efectiva de las medidas de protección por parte de las autoridades
competentes, brindar vigilancia perimetral a la sede de la ONG GRUFIDES, brindar
acompañamiento policial al personal de GRUFIDES que deba trasladarse a las
comunidades campesinas e informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer
judicialmente los hechos que motivaron la adopción de medidas cautelares. La Comisión
continúa dando seguimiento a la situación de los beneficiarios.
319. En algunos países persisten las desapariciones y secuestros de defensoras
y defensores que procuran un ambiente sano y que se han opuesto a los megaproyectos de
empresas extranjeras en algunos Estados. Los ataques de esta naturaleza constituyen los
obstáculos más graves para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos
humanos 692 y, además de los daños irreparables que ocasionan para la vida de la víctima
directa, generan un efecto amedrentador para quienes se encuentran vinculados a este tipo
de causas, disminuyendo directamente las posibilidades de ejercer las actividades de defensa
de los derechos humanos 693 . Además de las desapariciones y secuestros, la Comisión ha sido
informada de una serie de asesinatos cometidos en contra de defensoras y defensores del
medio ambiente. De acuerdo a la información disponible, muchos de los asesinatos serían
cometidos tras alguna actividad de defensa promovida por el defensor o defensora
agredidos.
Gustavo Marcelo Rivera Moreno, promotor de cultura y líder opositor a la implementación
de un proyecto minero en el Departamento de Cabañas en El Salvador, desapareció el 18
de junio de 2009 694 . Tras varias búsquedas, su cuerpo fue encontrado por sus compañeros
dentro de un pozo de 30 metros de profundidad y con señales de tortura. Según se
informó a la Comisión durante su 140º período de sesiones, las autoridades habrían
rechazado la hipótesis de que el homicidio se cometió por razones asociadas al trabajo de
defensa del ambiente que realizaba el Sr. Rivera, y atribuyó el delito a motivos personales.
Aunque en septiembre de 2010 se condenaron a los autores materiales del delito, no se
692
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 158.
693
Ibidem, párr. 43; Corte I.D.H., Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr.153; Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia 3 de
marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 78.
694
Human Rights Watch, El Salvador debe investigar asesinato de líder comunitario, 8 de agosto de
2009. Disponible en: http://www.hrw.org/es/news/2009/08/08/el‐salvador‐debe‐investigar‐asesinato‐de‐l‐dercomunitario.