Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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que otros Estados como Cuba, Costa Rica, Guyana, Haití, Paraguay y Venezuela no exista aún
un marco normativo específico que garantice el derecho de acceso a la información. Asimismo,
que en algunos de los países en donde hay un reconocimiento constitucional y legal del
derecho de acceso a la información, persisten múltiples obstáculos para que defensoras y
defensores ejerzan este derecho. A continuación, la CIDH se referirá a algunos de estos
obstáculos.
205. La Relatora de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores ha
identificado que en algunos Estados se han utilizado leyes en materia de seguridad, secretos
oficiales y sedición, para negar el acceso a la información a defensores y defensoras sobre la
base de garantizar la seguridad nacional y promover la lucha contra el crimen organizado o el
terrorismo. La Relatora ha recibido información de algunos Estados en donde el Ejecutivo,
después de calificar a los detenidos como terroristas, se habría negado a compartir
información o evidencia que sustente tal calificación incluso ante las legislaturas o las cortes 432 .
206. En la misma línea, la CIDH en la consulta pública para este informe ha
recibido información en relación a funcionarios que se negarían a suministrar la información
aduciendo razones como la “seguridad nacional” y el carácter reservado de la información
solicitada, aunque en realidad no lo sea de conformidad con la legislación interna. Lo anterior,
tendría por objetivo obligar a defensores y defensoras de derechos humanos a interponer
recursos adicionales para obtener la información solicitada. De acuerdo a la información
recibida, esta práctica prevalecería en las solicitudes de información relacionada con
concesiones mineras; reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de
las fuerzas armadas, y, particularmente, respecto de los instrumentos de valoración que
utilizan las autoridades para determinar el nivel de riesgo de los beneficiarios de programas
nacionales de protección.
207. Asimismo, según la información recibida, en ocasiones, existe una
excesiva demora de parte de las autoridades facultadas en responder a las solicitudes de
información, las cuales exceden de los plazos legales y, con cierta frecuencia, las respuestas
a las solicitudes son vagas e imprecisas y hacen necesario interponer recursos
jurisdiccionales a efecto de obligar a las autoridades a emitir una respuesta adecuada.
208. En varios Estados no se cuenta con información desagregada por edad,
sexo y raza sobre diversos temas de derechos humanos y cuando se solicita información
con enfoque diferenciado, las autoridades argumentarían la “complejidad” de dicha tarea
para no entregar la información. Inclusive, en algunos de los casos en que se brindaría
respuesta, algunas autoridades señalarían a los solicitantes el incremento en su carga de
trabajo y la distracción de sus actividades naturales para contestar a las solicitudes de
información. La anterior práctica dificulta seriamente el trabajo de las organizaciones,
especialmente de aquellas que promueven los derechos de ciertos sectores de la
población.
432 Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos,
Commentary to the Declaration on the Right and Responsability of Individuals, Groups and Organs of Society to
Promote and Protect Universally Recognized and Protect Universally Recognized Human Rigthts and Fundamental
Freedoms, julio de 2011.