Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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Comisión observa que la independencia e imparcialidad constituyen garantías que deben
otorgarse a las partes involucradas en un proceso jurisdiccional, sin embargo, a la vez
constituyen garantías indispensables para que los operadores de justicia puedan llevar a
cabo en forma libre sus funciones de protección al derecho de acceso a la justicia. Desde
esta última perspectiva es que la Comisión pretende abordar las garantías de
independencia e imparcialidad judicial en este informe. Cabe señalar que de acuerdo a la
jurisprudencia sostenida por la Corte, las garantías del debido proceso, son aplicables a
cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional 787 .
1. Independencia
356. La independencia de las juezas y jueces es uno de los objetivos
principales que tiene la separación de los poderes públicos 788 y se proyecta tanto en una
dimensión individual del juzgador como funcionario, como también en una dimensión
institucional (el poder judicial como rama del poder público) 789 . La Corte Interamericana,
siguiendo lo señalado por la Corte Europea 790 y los Principios Básicos de las Naciones
Unidas relativos a la independencia de la Judicatura (en adelante Principios Básicos) 791 ha
señalado que los Estados, como parte de las garantías del debido proceso, se encuentran
obligados a garantizar la independencia de los jueces y magistrados que ejercen funciones
materialmente jurisdiccionales 792 de tal manera que inspire legitimidad y confianza
suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática 793 .
357. En virtud de la garantía de independencia, desde el punto de vista
institucional, los juzgadores que hacen parte de la función jurisdiccional del Estado deben
ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes
ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales y otros órganos
787
Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C
No. 71, párr. 71.
788
Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C
No. 71, párr. 73, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela.
Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 55. Ver también CIDH, Democracia y Derechos Humanos
en Venezuela, párr. 184.
789
Cfr. CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Ana María
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs.
Venezuela, Caso 12.489, 29 de noviembre de 2006, párr. 83.
790
Cfr. CEDH. Case of Campbell and Fell v. the United Kingdom, Judgment of 28 June 1984, Series A no.
80, para. 78; CEDH. Case of Langborger v. Sweden, Judgment of 22 January 1989, Series A no. 155, párr. 32.
791
Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura adoptados
por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en
sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.
792
Cfr. Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie
C No. 71, párr. 71.
793
Corte I.D.H., Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67.