Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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La Comisión ha identificado varios obstáculos estructurales que dificultan el acceso a la
justicia de las mujeres indígenas víctimas de violaciones a sus derechos en Guatemala. Al
respecto, la Comisión ha manifestado su preocupación por la falta de comprensión por
parte de los operadores de la justicia respecto de las diferencias culturales relacionadas
las lenguas indígenas, pues la mayoría de los oficiales de justicia son monolingües y las
traducciones de las actuaciones judiciales son parciales. De acuerdo a la información con
que dispone la CIDH, los medios de prueba son difíciles de conseguir, los procesos
judiciales son largos, costosos y agotadores para las mujeres víctimas de violencia,
quienes en su mayoría viven en situación de extrema pobreza. Además, las mujeres
indígenas frecuentemente carecen de documentos de identidad y la situación geográfica
limita su acceso a instancias judiciales de protección. Por si lo anterior no fuera
preocupante, en el interior de los pueblos indígenas existiría una tendencia a negar los
derechos de las mujeres indígenas, lo cual genera en ellas desconfianza en que sus
sistemas de justicia propios pueden remediar los hechos sufridos 607 .
C. Líderes y líderesas campesinos y comunitarios
292. En su informe de 2006, la Comisión expresó su preocupación por el uso
abusivo de la fuerza por parte de algunos de los Estados de la región y del aparato de
justicia para criminalizar el derecho de reunión de los líderes –comunitarios, sociales,
estudiantiles‐ que participan en las manifestaciones de protesta social 608 ; asimismo, indicó
que los líderes y lideresas rurales y comunitarios, solían ser identificados como blancos
ejemplificantes para disuadir a las demás personas que participan en sus causas 609 .
293. Durante el período de seguimiento la CIDH ha continuado recibiendo
información sobre la persistencia de ataques, agresiones y hostigamientos la situación de
líderes y lideresas sociales. En particular sobre la situación de líderes y lideresas de
aquellas poblaciones que habitan en comunidades integradas por familias víctimas de
desplazamiento forzado en Colombia, donde la situación de desplazamiento ha afectado
gravemente a la población civil 610 . El trabajo que realizan los líderes y lideresas de estas
zonas se dirige a la denuncia de violaciones a los derechos de la población desplazada, así
como a la protección y reivindicación de sus tierras. La CIDH ha observado que los ataques
a líderes y lideresas de desplazados guardan relación con la violencia generada por las
607
Ibidem, párr. 207.
608
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párrs. 215‐219.
609
Ibidem, párr. 218.
610
La Corte Constitucional ha definido el estado de cosas inconstitucional así “[c]uando se constata la
vulneración repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución
requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, esta Corporación ha
declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ha ordenado remedios que cobijen no sólo a
quienes acuden a la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino también otras personas
colocadas en la misma situación, pero que no han ejercido la acción de tutela”. Sentencia T‐025 de 2004,
Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, 22 de enero de 2004. De acuerdo al Registro Único de
Población Desplazada habría un total de 3.486.305 de desplazados internos hasta el 31 de julio de 2010 y según la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) habla de un total de 4.915.579
desplazados internos hasta finales de 2009 610 . CODHES, Boletín 76 de 27 de enero de 2010.
http://www.codhes.org/index.phpoption=com_docman&task=cat_view&gid=62&Itemid=50.