Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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113. El derecho a la libertad personal 209 comprende el derecho a ser
informado de las razones de la detención y notificado, sin demora, del cargo formulado en
su contra 210 . Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, corresponde al Estado
aportar pruebas dirigidas a demostrar que sí ha informado a la persona las razones de su
detención 211 . El derecho a ser informado de los motivos de la detención constituye un
mecanismo para evitar conductas ilegales o arbitrarias desde el acto mismo de privación de
libertad y garantiza la defensa del detenido 212 .
114. Para que la detención no sea incompatible con los estándares
internacionales, el órgano jurisdiccional que conoce de la causa penal seguida en su contra,
se encuentra obligado a realizar un control inmediato de la legitimidad y la legalidad de la
detención 213 y “[q]uien es privado de libertad sin orden judicial debe ser liberado o puesto
inmediatamente a disposición de un juez” 214 . La CIDH ha señalado que una detención es
incompatible con los estándares de derecho internacional cuando es practicada al margen
de los supuestos y formalidades que establece la ley 215 . El órgano jurisdiccional respectivo
deberá valorar los mencionados elementos, a través de la revisión judicial de la detención,
la cual constituye una salvaguardia para evitar detenciones arbitrarias e ilegales de
defensores, defensoras o cualquier otra persona.
115. Por otro lado, en cuanto al uso y la duración de la prisión preventiva
como mecanismo para evitar que defensoras y defensores realicen sus actividades, la
Comisión resalta que cuando se restringe ilegítimamente la libertad a un defensor o
defensora como consecuencia de sus acciones de defensa de los derechos humanos, no sólo
se afecta la posibilidad de llevar a cabo sus labores 216 , sino también el derecho de las víctimas
que representa a obtener justicia.
209
El derecho a la libertad personal contra el arresto o detención arbitraria están establecidos en el
artículo XXV de la Declaración Americana y en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
210
Artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
211
Corte I.D.H., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 73.
212
Corte I.D.H., Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr.
109; Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 128.
213
Corte I.D.H., Caso Tibi Vs. Ecuador. Cit., párr. 114; Caso Bulacio Vs. Argentina, cit., párr. 129.
214
CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis
Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 223.
215
CIDH, Informe No. 35/08 (admisibilidad y fondo), Caso 12.019, Antonio Ferreira Braga (Brasil), 18 de
julio de 2008, párr. 68; Informe Nº 33/04, Caso 11.634, Jailton Neri Da Fonseca (Brasil), 11 de marzo de 2004,
párr. 53.
216 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 48.