Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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Los artículos 489, 491 y 493 del TÍTULO VII, del Código Penal ecuatoriano, titulado "DE
LOS DELITOS CONTRA LA HONRA", establecen, entre otras cosas, penas agravadas para
quien formule "falsa imputación de un delito" o "toda otra expresión proferida en
descrédito, deshonra o menosprecio", de una "autoridad". En particular, el artículo 493
establece penas de multa y de uno a tres años de prisión a quienes "hubieren dirigido a la
autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa". Asimismo, el Código Penal
en su artículo 128 establece el delito de vilipendio, al indicar que el que públicamente, y
fuera de los casos previstos en el Código, "ofendiere o vilipendiare a las instituciones
públicas o a la Fuerza Pública, el que cometiere cualquier burla o desacato, con palabras o
acciones, contra la Bandera, el Escudo o el Himno de la Patria" tendrá una pena de multa
y de seis meses a tres años de privación de libertad. La Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la CIDH ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por la
aplicación de estas normas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos
que han realizado discursos críticos a funcionarios públicos 193 .
102. La Comisión recuerda que el artículo 13.2 de la Convención Americana
exige el cumplimiento de tres condiciones básicas para que una limitación al derecho a la
libertad de expresión sea admisible: (1) la limitación debe haber sido definida en forma
precisa y clara a través de una ley formal y material , (2) la limitación debe estar orientada
al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) la
limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines
imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea
para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr 194 .
103. La Comisión, a través del sistema de peticiones y casos, ha evaluado las
sanciones penales a la expresión en algunos países de la región por medio del mencionado
test y ha concluido que el uso del derecho penal para proteger la honra de servidores
públicos frente a las denuncias que contra ellos se puedan formular por violaciones graves
de derechos humanos, resulta desproporcionado dado que puede conducir a impedir o
inhibir la labor crítica necesaria de las defensoras y defensores cuando realizan el
escrutinio de las personas que ocupan dichos cargos 195 .
…continuación
haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba
difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las
mismas". Ver Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Adoptada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su 108° período ordinario de sesiones celebrado del 2 al 20 octubre de 2000.
193
CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de Prensa R104/11, 21 de
septiembre de 2011; Comunicado de Prensa R72/11, 21 de julio de 2011; Comunicado de Prensa R32/11, 15 de
abril de 2011.
194 CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo III Marco
Jurídico Interamericano del derecho a la Libertad de Expresión, Diciembre de 2009, párr. 68.
195
CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis
Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 288; CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y
Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, párr. 81.