Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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afrontar los gastos que implican las medidas 981 . De acuerdo a organizaciones de la
sociedad civil de México, en el marco de las mesas interinstitucionales con frecuencia los
asistentes a estas reuniones suelen ser funcionarios de bajo nivel que no pueden tomar
decisiones vinculantes para las entidades que representan, y en cambio, asistirían a las
reuniones para justificar el trabajo que realizaron sus instituciones a favor de los
beneficiarios previo al requerimiento de medidas por parte de los órganos del sistema
interamericano. Tampoco existiría un presupuesto ni recursos logísticos especialmente
destinados a la implementación de las medidas, por lo que difícilmente las autoridades que
intervienen en las mesas pueden comprometer erogaciones de sus presupuestos propios
para cumplir con las medidas, lo cual repercutiría en una implementación más lenta y
desgastante para el beneficiario. Igualmente, una vez que es implementada alguna medida
de protección, ante la ausencia de un marco normativo preciso sobre las responsabilidades
de cada autoridad en el cumplimiento de las medidas, la mesa interinstitucional se reuniría
según las urgencias que se fueren presentando y bajo el impulso del propio beneficiario de
las medidas o a solicitud de la CIDH.
447. La Comisión considera imperativo que los Estados que utilizan reuniones
interinstitucionales para la implementación de las medidas provenientes de los órganos del
sistema interamericano actúen con transparencia y definan normativamente los
procedimientos de implementación y seguimiento de las medidas cautelares y
provisionales. Es prioritario que estos Estados determinen jurídicamente a las autoridades
responsables de la implementación de las medidas, los alcances de sus atribuciones de
coordinación con las autoridades de los demás órdenes de gobierno, los procedimientos
internos que rigen la implementación, los criterios para definir las medidas de protección
que se le proporcionarían al defensor o defensora en riesgo, así como la manera en que se
daría seguimiento a la implementación de las medidas, garantizando que sean efectivas y
concertadas con los beneficiarios, lo cual precisa también asignar los recursos logísticos y
presupuestarios necesarios para tales efectos.
ii.
Sistema de implementación de medidas de protección con control
previo
448. De acuerdo a la información recibida en el marco de la consulta para la
elaboración del presente informe, existirían Estados que realizan un control judicial previo
de las medidas solicitadas por la CIDH o la Corte para definir sobre su procedibilidad. Este
control judicial previo es contrario a la naturaleza de las medidas de protección que
precisan atención urgente para evitar daños irreparables a las personas que se encuentran
en una situación de gravedad y urgencia y constituye una duplicación de procedimientos.
449. Concretamente, la sociedad civil de Venezuela indicó que las medidas
provisionales de la Corte serían sometidas a una revisión previa ante autoridades internas a
través de juzgados de primera instancia penales, en las cuales los beneficiarios tendrían la
carga de probar la gravedad de las amenazas o denuncias en que sustentaron su solicitud.
981
OACNUDH, Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la
Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, 2010, párr. 109. Disponible en:
http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/informepdf.pdf.