Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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175. Las obligaciones del Estado no se limitan sólo a su formación sino se
extienden durante toda la vida de la misma 358 . En este sentido, además de facilitar el
registro de una organización, la libertad de asociación incluye el derecho de “poner en
marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las
autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho” 359 .
176. La Comisión ha notado que algunos Estados a través de revisiones
rutinarias, obligan a organizaciones a realizar nuevos trámites, presentar documentos para
mantener con vigencia su registro o bien, permitir el acceso a sus archivos en cualquier
momento a las autoridades sin orden judicial para ello. Algunos formularios que son
solicitados a las organizaciones incluyen requerimientos de información sobre aspectos
como el origen de los fondos de la organización, número de empleados, proveniencia de
los empleados, actividades que realizan, destinación de cada uno de los fondos, balances
detallados de estados financieros, personal empleado y sus remuneraciones, activos fijos
de la organización, y se sujeta la no presentación de los anteriores documentos a la sanción
de ser sometido a examen de una autoridad fiscal y el posible retiro del registro de la
organización.
177. La CIDH considera que si bien es un fin perfectamente legítimo solicitar
información a organizaciones no gubernamentales para fines estadísticos, tributarios o
para actualizar las cifras macroeconómicas del país, los Estados en las revisiones y
solicitudes de información a las organizaciones, no deben exceder los límites de
confidencialidad que éstas requieren para su libre accionar con independencia 360 , ni
condicionar el registro exclusivamente a la presentación de dicha información.
178. Por otro lado, la CIDH ha observado la entrada en vigencia de leyes
“anterroristas” que impiden que organizaciones de derechos humanos proporcionen
asistencia o asesoramiento especializado a grupos calificados por los Estados como
terroristas, aun cuando la asistencia o asesoramiento se refiera a la defensa de sus
derechos humanos. Al respecto, la CIDH reitera que la criminalización de las expresiones
relativas al terrorismo, debe restringirse a los casos de incitación al terrorismo, entendida
como un llamado directo a la participación en el terrorismo que sea directamente
responsable de un aumento en la probabilidad de que ocurra un acto terrorista, o a la
participación misma en actos terroristas (por ejemplo, dirigiéndolos) 361 . Las actividades de
defensa de los derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos calificados
como terroristas, no deberían estar criminalizadas.
72, párr. 156.
358 ECHR, United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, núm. 19392/92, párr. 33.
359
Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No.
360
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párr. 572.
361
Declaración Conjunta de 2008 del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de
Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora
Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la
Información de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos). Disponible en:
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.aspartID=735&lID=1.