Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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este derecho sin imponer restricciones más allá de las permitidas por el derecho a la
libertad de asociación 386 .
187. Por último, como parte de la promoción del derecho a defender los
derechos humanos a través del ejercicio del derecho de asociación, la CIDH considera que
los Estados deben procurar eximir de impuestos a las organizaciones dedicadas a la defensa
y promoción de los derechos humanos 387 . La CIDH ha recibido información según la cual, el
beneficio de la excención de impuestos estaría sujeto al actuar discrecional de algunas
autoridades, en lugar de estar claramente previsto en leyes o programas y administrarse
sin diferencia alguna.
En Bolivia, la ley No. 2493 de 4 de agosto de 2003 establece la excensión de impuestos
para “asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas
legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades:
religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas,
ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o
gremiales”. La CIDH ha recibido información de la sociedad civil de Bolivia según la cual,
estos beneficios solamente se aplican si las organizaciones han tramitado una
resolución administrativa que, como organización sin fines de lucro, la declara
expresamente exenta de impuestos. Según se informó a la CIDH, en los últimos años
habría un creciente número de casos de trámites rechazados a partir de decisiones
de la administración tributaria que actuaría de manera discrecional, a partir de una
interpretación restrictiva de lo “no lucrativo”, excluyéndo del beneficio a
organizaciones que establecen pago de honorarios entre sus directores o miembros
de la asamblea de asociados, sin diferenciar si dichos pagos constituyen una
distribución de excedentes entre sus miembros o bien, pagos por servicios
personales por trabajos que contribuyen al logro del fin social. La CIDH reitera que
los Estados deben promover el ejercicio de la libertad de asociación y las actividades
de promoción y defensa de los derechos humanos de la manera más amplia, las
autoridades no deberían restringir de manera discrecional los beneficios fiscales de
manera que se desincentive el libre ejercicio de este derecho.
G. Restricciones indebidas al acceso a la información en poder del Estado
188. En su informe de 2006 la Comisión manifestó preocupación porque
autoridades gubernamentales y, en particular las Fuerzas Armadas, se negaban a entregar la
información, inclusive, cuando ésta es solicitada por la Justicia o instituciones tales como
Comisiones de Verdad 388 . En vista de la anterior situación, la Comisión recomendó a los
Estados: “[p]ermitir y facilitar el acceso de las defensoras y defensores, y del público en
386
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párr. 585.
387
CIDH. Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las
Américas, párr. 40.
388
En particular la Comisión se refirió a la información recibida en la visita in loco de la CIDH a
Guatemala en 2003 donde el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni recibió información
indicando que sectores de prensa y de derechos humanos condenaron la actitud del Presidente del Congreso de la
República, Efraín Ríos Montt, de obstaculizar el acceso a documentos relacionados con la aprobación y ejecución
presupuestaria de los años 2000 y 2001. (ver Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en
Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.118, 29 de diciembre de 2003).