Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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274. Otro motivo de preocupación especial en la región es un uso abusivo del
derecho penal mediante la iniciación de acciones infundadas en contra de los líderes y
lideresas sindicales cuyo objeto es generar un hostigamiento que desestimule el ejercicio
de sus labores. Muchos de los tipos penales utilizados para sujetar a líderes y lideresas a
procesos penales adolecen de vaguedad y ambigüedad en sus términos, lo que favorece
una actuación discrecional de las autoridades al momento de imputar ciertos delitos a
líderes y lideresas sindicales. En particular, la Comisión ha observado el uso del tipo penal
de “restricción al trabajo” 560 para criminalizar a las personas que convocan y lideran las
huelgas laborales.
La CIDH recibió información de Rubén González, Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera) en Venezuela quien fue
detenido el 24 de septiembre de 2009 junto con otros sindicalistas después de liderar una
paralización de labores en la Ferrominera del Orinoco por protesta contra el
incumplimiento de los compromisos establecidos en la convención colectiva. De acuerdo a
la información recibida, el Dr. González ha continuado privado de libertad, al imputársele
los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e
incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad 561 . La Comisión coincide con el
Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en que
constituye un motivo de preocupación “la acumulación de delitos a los que se enfrentan
[estos sindicalistas] por actividades relacionadas con el ejercicio de derechos sindicales”.
En concreto, respecto del caso del señor González, el 18 de noviembre de 2010, el Consejo
de Administración de la OIT, con base en el 358º informe del Comité de Libertad Sindical
pidió al Gobierno venezolano que pusiera en libertad al señor González 562 .
275. La Comisión ha recibido información sobre los excesos policiales al
momento de reprimir protestas pacíficas lideradas por sindicalistas que exigen la
reivindicación de sus derechos sindicales, como lo son la defensa de sus contratos
colectivos y el ejercicio del derecho a la huelga. La CIDH ha recibido información de que en
ocasiones los empleadores enviarían “grupos de choque” o de “provocadores” a efecto de
iniciar los disturbios y ocasionar la disolución de las manifestaciones.
La Comisión tuvo conocimiento de los hechos de violencia ocurridos en una manifestación
que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola Bocas del Toro, Panamá. Según la
información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro
decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de
protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea
Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información
560
La CIDH ha recibido información de Venezuela que indica que este delito está regulado por el
artículo 192 del Código Penal Venezolano que establece: “Cualquiera que, por medio de violencias o amenazas,
restrinja o suprima, de alguna manera, la libertad del comercio o de la industria, será castigado con prisión de uno
a diez meses” sería utilizado para criminalizar las actividades de lideresas y líderes sindicales que convocan a
huelgas para la defensa de sus derechos. CIDH, Audiencia sobre la libertad sindical en las Américas, 143º período
ordinario de sesiones, 28 de octubre de 2011.
561
Información proporcionada en la audiencia “Institucionalidad democrática y defensores de derechos
humanos en Venezuela”, durante el 140º período ordinario de sesiones de la CIDH.
562
Disponible en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/p=8636.