Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

231
existe consentimiento o connivencia de los mismos respecto de los perpetradores. La
participación de agentes del Estado en los hostigamientos y ataques en contra de
defensores y defensoras de derechos humanos, además de ser un supuesto generador de
responsabilidad 1058 , constituye un serio obstáculo para que estos últimos puedan acceder a
la justicia en relación a los ataques que enfrentan o sentirse protegidos por las medidas de
protección que estén disponibles, cuando las autoridades implicadas en la amenaza o
ataque son las mismas que están llamadas a brindar la protección.
517. En relación a la efectividad de las acciones llevadas a cabo por el Estado,
para determinar el riesgo, se debe verificar si previo a la adopción de las medidas de
protección, las autoridades correspondientes han logrado investigar seriamente y
sancionar a los responsables de las agresiones y hostigamientos en contra de la defensora
o el defensor y reducir de esta manera las fuentes generadoras de riesgo. La Comisión
reitera que el deber de investigación adquiere un carácter más estricto en contextos de
riesgo, en tanto exige al Estado “la actuación pronta e inmediata de las autoridades
policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la
determinación de los responsables de las amenazas y de los crímenes acontecidos en el
mismo contexto 1059 .
518. De existir conocimiento por parte de las autoridades y persistencia de las
agresiones sin presentarse avances en las investigaciones y en la captura de los
responsables, debe entenderse que el defensor o defensora se enfrenta ante un riesgo de
mayor gravedad. Sin embargo, si previamente ya se han instrumentado medidas de
protección por parte del Estado en el marco del propio programa de protección y persisten
los ataques o agresiones contra la defensora o defensor protegido, se deberá evaluar si las
medidas ya adoptadas son efectivas, es decir, si han logrado el cese del riesgo para las
personas que protegen o si es necesario implementar medidas adicionales o cambiar el
esquema de protección 1060 .
519. Al analizar el grado de desprotección en que quedaría el o la solicitante
de las medidas en caso de que éstas no fueran adoptadas, el Estado debe analizar con base
en los elementos antes referidos la manera en que la participación del Estado a través de
medidas especiales de protección puede constituir el medio idóneo y oportuno para
salvaguardar su vida e integridad y permitirle continuar desempeñando sus funciones. Este
paso en la evaluación del riesgo implica determinar si el riesgo al que estaría sujeto el
defensor o defensora podría ser superado a través de medidas de protección especial.
1058
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 127.
1059
Corte I.D.H., Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preeliminares, fondo,
Reparaciones y costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 101. Cfr. Caso de la Masacre de
Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140,
párr. 126.
1060 Corte I.D.H., Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia.
Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2010, Resolutivo vigésimo séptimo.