Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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todas las personas que tuvieren la intención de denunciar violaciones o hayan formulado
denuncias por violaciones a los derechos humanos 158 .
80. La criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos
constituye por tanto, un obstáculo complejo que incide de varias maneras en el libre
ejercicio de la defensa de los derechos humanos. En virtud de la naturaleza de las
afectaciones que trae consigo la iniciación de acciones penales injustificadas en contra de
defensoras y defensores, un Estado que incurra en esta práctica puede ser responsable
internacionalmente por la violación a diversos derechos protegidos por los instrumentos
interamericanos, cuando faltan a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos
que se involucran en razón de la criminalización.
81. En este sentido, la Comisión observa que la iniciación de acciones penales
sin fundamento puede violar los derechos a la integridad personal, protección judicial y
garantías judiciales así como de la honra y dignidad de las defensoras y los defensores de
derechos humanos 159 ; sin perjuicio de las afectaciones al ejercicio legítimo del derecho que
sea restringido indebidamente mediante el uso inapropiado del sistema penal, tales como
la libertad personal, libertad de pensamiento y expresión o el derecho de reunión.
Asimismo, la Comisión advierte que el uso de un tipo penal ambiguo o contrario con los
estándares democráticos para criminalizar las acciones legítimamente desarrolladas por los
defensores comprometería adicionalmente una violación al principio de legalidad 160 .
82. La Comisión considera que ante el problema de criminalización que
persiste en varios Estados en la región, es prioritario que se adopten medidas tanto de
índole administrativa, legislativa y judicial para revisar que los tipos penales no resulten
violatorios del principio de legalidad. Asimismo, los Estados deben garantizar que los
procesos penales en contra de las y los defensores respeten la integridad personal,
protección judicial y garantías judiciales así como su honra y dignidad, y no se restrinjan
indebidamente la libertad personal, la libertad de pensamiento y expresión y el derecho de
reunión.
83. Si bien algunos Estados han implementado algunas medidas, como las
leyes de amnistía, para reducir el problema de criminalización de defensoras y defensores,
de acuerdo a la información recibida, estas amnistías no constituirían una solución efectiva,
pues no determinan la inexistencia del delito ni eliminan la estigmatización ya creada del
defensor, sino sólo concluyen el respectivo proceso penal. Asimismo, en los lugares donde
158
Sobre las afectaciones que causa a un defensor o defensora el ser sometido a un proceso penal
infundado, Ver CIDH, Audiencia Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, 140º período
ordinario de sesiones, 26 de octubre de 2010.
159
Todos ellos protegidos respectivamente por los artículos I, XVIII, XXVI y V de la Declaración así como
5, 8, 25 y 11 de la Convención Americanas.
160
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 114. Al respecto, la Corte Interamericana ha indicado que “la elaboración de los tipos penales
supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de
comportamientos punibles o de conductas ilícitas sancionables con medidas no penales”. Corte I.D.H., Caso
Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 174.