Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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Comisión ha recomendado al Estado de Venezuela adoptar medidas urgentes para
asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de
nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y
eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces
y fiscales 882 .
394. Asimismo, la CIDH ha observado como un factor de fragilidad en la
independencia de jueces y magistrados, la posibilidad jurídica de ser sujetos a una
confirmación posterior para permanecer en el cargo, o bien, de ser reelectos. El ex Relator
sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, ha indicado que
la anterior práctica “afecta la independencia y el desarrollo profesional de jueces y
magistrados y es contraria a los estándares internacionales en la materia” 883 .
En Guatemala, tanto la Constitución en su artículo 208, como la Ley de la carrera judicial
(artículo 3) establecen que los jueces y magistrados ejercen sus funciones por un periodo
de cinco años, término al final del cual pueden ser renombrados o reelectos. En su misión
a Guatemala de 2009, el ex Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y
abogados, Leandro Despouy, recomendó realizar una reforma en el ámbito legislativo que
podría terminar con la provisionalidad, disponiendo, por ejemplo, la renovación
automática del periodo del juez o magistrado al término de los cinco años, a menos que
exista una falta grave debidamente establecida por un proceso disciplinario que respete
todas las garantías de un juicio justo 884 .
395. Por otro lado, en cuanto a las represalias de carácter personal que
enfrentan defensoras y defensores en la región, de acuerdo a la información recibida, la
CIDH observa que en algunos Estados persiste una situación de inseguridad tanto personal
como profesional de los operadores de justicia, la cual se visibiliza en la gran cantidad de
atentados en contra de su vida e integridad personal, así como por los traslados
inmotivados de plazas o puestos laborales o la remoción carente de motivación cuando su
labor afecta sensiblemente al gobierno en turno, o las actividades de grupos del crimen
organizado o de otros estratos de poder que, en algunos extremos, llegan a estar en
colusión con operadores de justicia dentro de las propias instituciones.
…continuación
de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o removidas o suspendidos o suspendidas
de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley”.
881
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párrs. 208‐ 210. Información aportada por
los peticionarios a la CIDH. Audiencia Institucionalidad democrática, grupos parapoliciales y cárceles en Venezuela.
137° período ordinario de sesiones, 2 de noviembre de 2009.
882
CIDH, Informe Anual 2010. Capítulo IV ‐ Venezuela, 7 de marzo de 2011, recomendación 3.
883
Asamblea General de la ONU, Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados y abogados Leandro Despouy, Adición. Misión a Guatemala,
A/HRC/11/41/Add.3, 1 de octubre de 2009, párr. 57.
884
Asamblea General de la ONU, Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados y abogados Leandro Despouy, Adición. Misión a Guatemala,
A/HRC/11/41/Add.3, 1 de octubre de 2009, párr. 110.