Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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vinculados a la administración de justicia 794 . De acuerdo a los Principios de Bangalore sobre
la Conducta Judicial, la independencia es un requisito previo del principio de legalidad y
una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo 795 .
358. Dada la importancia que la independencia de la judicatura ejerce sobre la
división de poderes y en el derecho de acceso a la justicia, ésta debe ser consagrada en los
instrumentos jurídicos de mayor jerarquía de los Estados, es decir, ser garantizada por la
Constitución o la legislación del país, de tal manera que todas las instituciones
gubernamentales y de otra índole la respeten y acaten 796 ; en los países en donde no exista
una constitución escrita, la independencia de la judicatura debería considerarse como un
principio fundamental del derecho 797 . En cuanto a la autonomía institucional de las
Fiscalías y Defensorías Públicas según lo ha apuntado la Relatoría de la ONU sobre la
independencia de los Magistrados y Abogados, “la falta de autonomía del Ministerio
Público frente al Poder Ejecutivo, […] puede minar la confianza y credibilidad de la
autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos de forma objetiva” 798 , asimismo,
“para garantizar el principio de igualdad de armas en materia penal se debería de alcanzar
la independencia de las defensorías de los poderes Ejecutivos” 799 . La Comisión insta a los
Estados a garantizar la independencia institucional de las entidades participantes en la
administración de justicia del Poder Judicial, Fiscalías y Defensorías Públicas‐ respecto del
poder ejecutivo del Estado.
359. Además del reconocimiento jurídico de la garantía de independencia
reconocida a través del principio de división de poderes, los Estados se encuentran
obligados a garantizar de iure y de facto que los operadores de justicia, realicen sus
funciones en forma independiente, lo que se traduce en la garantía de independencia en su
dimensión individual. Particularmente de jueces y magistrados, la Corte ha subrayado que
algunas formas de garantizar la independencia son: a) el establecimiento de un proceso
794
Cfr. CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Ana María
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs.
Venezuela, Caso 12.489, 29 de noviembre de 2006, párr. 83.
795
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobados por el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas en su resolución E/CN.4/2003/65/Anexo, Noviembre de 2002 y adoptados el 10 de enero de
2003. Valor 1. Disponible en
http://www.un.org/es/comun/docs/index.aspsymbol=E%2FCN.4%2F2003%2F65&Lang=S.
796
Principio 1 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones
40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. Disponible:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm.
797
Asamblea General de las Naciones Unidas, Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos,
Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. Informe del Relator Especial
sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009,
párr. 21.
798 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora sobre la independencia de los
magistrados y abogados, A/HRC/17/30/Add.3, 18 de abril de 2011, párr. 16.
799
Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora sobre la independencia de los
magistrados y abogados, A/HRC/17/30/Add.3, 18 de abril de 2011, párr. 73.