Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

128
295. Un aspecto de preocupación a nivel regional, es la serie de represalias
cometidas en contra de líderes y lideresas sociales por la realización de denuncias sobre la
corrupción de algunos funcionarios públicos. De acuerdo a la información que dispone la
CIDH, en ocasiones, cuando las denuncias suelen tener éxito y los funcionarios acusados
son removidos o destituidos, se presentarían represalias operadas por grupos criminales
que actúan bajo la tolerancia de los agentes afectados por las denuncias.
La CIDH ha tenido conocimiento de la situación en Guatemala de René Gálvez y otros
miembros de la Junta Directiva de la Asociación Integral para el Desarrollo de la Ciudad
Quetzal y Colonias Aledañas (ASIDECQ). La información disponible indica que los
miembros de la junta directiva de ASIDECQ habrían sido objeto de graves actos de
violencia, intimidación y amenaza por causa de su labor de denuncia de actos de
corrupción por parte de la policía y autoridades del lugar. Concretamente, un miembro de
la Junta Directiva, Oscar Humberto Duarte, habría sido secuestrado y desaparecido el 24
de mayo de 2006 sin que se pudiera establecer su paradero y se habrían perpetrado una
serie de actos de hostigamiento y seguimiento a los miembros de la organización y
amenazas telefónicas a sus familiares. En vista de estos antecedentes, la Comisión solicitó
al Gobierno de Guatemala el 3 de julio de 2006 adoptar las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios e informar sobre las acciones
adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de
medidas cautelares. La Comisión continúa dando seguimiento a la situación de los
beneficiarios.
296. La CIDH ha dado seguimiento a la situación de líderes y lideresas
estudiantiles que al exigir su derecho a la educación han sido objeto de agresiones por
parte de las fuerzas de seguridad pública. La CIDH considera de especial preocupación que
algunos Estados no tomen medidas especiales de protección para que niños, niñas y
adolescentes ejerzan libremente y en condiciones de seguridad su derecho a defender los
derechos humanos y su derecho de reunión.
En su 143º período ordinario de sesiones, en la audiencia “Derechos Humanos y
Manifestaciones Públicas en Chile”, la CIDH recibió información según la cual la policía
antidisturbios intervendría con fundamento en un Decreto 1086 (16 de septiembre de
1983) para disolver las protestas realizadas por estudiantes en lugares públicos, liceos o
olegios con el efecto de manifestarse por un sistema educativo gratuito, no
discriminatorio y de calidad 631 . Según información de público conocimiento, el jueves 4 de
agosto de 2011, para disolver una serie de protestas no autorizadas, convocadas como
reacción a las políticas educativas, las fuerzas de seguridad utilizaron personal a pie, a
caballo y en vehículos, y habrían golpeado a los manifestantes y utilizado gases
lacrimógenos y chorros de agua a presión. Voceros del Estado confirmaron que durante la
disolución de las manifestaciones cientos de personas fueron detenidas y casi un centenar
de policías resultaron heridos. De acuerdo a la información disponible, entre
631
CIDH, Audiencia Derechos humanos y manifestaciones públicas en Chile, 143º período ordinario de
sesiones, 28 de octubre de 2011.