Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, por
trabajadores de fincas bananeras que decretaron paro general de labores a partir del 2 de
julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30 262 . En relación a
Perú, por los hechos de violencia ocurridos el 5 de junio de 2009 para dispersar el bloqueo
que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua tras la
adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus
tierras 263 ; y sobre Venezuela por la represión de varias protestas sociales realizada por
trabajadores para la búsqueda de mejores condiciones laborales, entre ellas, la de
empleados de la empresa Siderúrgica del Orinoco ocurrida en marzo de 2008 para solicitar
mejores condiciones laborales, como la realizada el 26 de agosto de 2009 por trabajadores
de la Alcaldía Metropolitana para reclamar su estabilidad laboral que sería afectada por la
Ley de Régimen Municipal en Dos Niveles del Área Metropolitana 264 .
133. Para cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho de
reunión, los Estados están obligados a no obstaculizar y adoptar medidas de carácter positivo
para garantizar el ejercicio de este derecho desde que se dé aviso a las autoridades
administrativas del deseo de realizar alguna manifestación; así como durante la manifestación
protegiendo los derechos de los participantes y terceros que sean involucrados; y con
posterioridad a la misma, para investigar y sancionar a toda persona, incluyendo agentes del
Estado, que cometan actos de violencia en contra de la vida o integridad personal de los
manifestantes o de terceros .
134. Con el objeto de lograr garantizar y proteger el derecho de reunión, los
Estados deben adoptar medidas, tanto de índole normativa como administrativa,
desarrollando planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar y no obstaculizar el
ejercicio del derecho de reunión, lo cual abarca, desde los requisitos solicitados para llevar a
cabo una manifestación, el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en
determinadas zonas durante su realización, hasta el acompañamiento a las personas que
participan en la reunión o manifestación para garantizar su seguridad y facilitar la realización
de las actividades que motivan la convocatoria 265 . Los Estados tienen además el deber de
proteger a los participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de
personas que pudieran sostener opiniones opuestas 266 .
135. A continuación, la CIDH se referirá a los deberes consustanciales al Estado
en relación a los requisitos que pueden exigir para la realización de una manifestación de
protesta social; a las medidas de carácter preventivo que deben adoptar a efecto de evitar una
inadecuada intervención de las fuerzas del Estado durante el desarrollo de una manifestación
262
CIDH, Comunicado de Prensa 77/10. CIDH expresa preocupación por muertos y heridos durante
manifestaciones de protesta social en Panamá, 3 de agosto de 2010.
2009.
263 CIDH, Comunicado de Prensa 35/09. La CIDH condena hechos de violencia en Perú, 8 de junio de
264
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párr. 154.
265
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 192.
266
CIDH, Informe Anual 2007. Capítulo IV ‐ Venezuela, 29 de diciembre de 2007, párr. 259; CIDH,
Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 192.