Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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asumir una serie de compromisos encaminados a prevenir violaciones a los derechos
humanos de este grupo, protegerlo frente a las amenazas existentes e investigar y
sancionar a los responsables en caso de que la violación se consuma 572 ; b) la
promulgación el 29 de diciembre de 2010 de la Ley 1426 “por la cual se modifica la ley 599
de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente
protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas” y la consecuente
modificación del artículo 83 del Código Penal aumentándose a treinta (30) años el término
de prescripción para el delito de homicidio de miembro de una organización sindical
legalmente reconocida; c) la Resolución No. 3546 del 12 de junio de 2008 del Fiscal
General de la Nación que ordenó la creación de Comités Seccionales Técnico Jurídicos en
los cuales se expondrían las dificultades encontradas en el curso de las investigaciones
penales, se diseñarían estrategias y asignarían tareas a los asistentes con la finalidad de
impulsar las investigaciones penales; d) la firma el 15 de septiembre de 2006 entre el
Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación de un Convenio Interadministrativo
No. 15406 para el impulso de las investigaciones en los casos de violaciones de derechos
humanos de los sindicalistas 573 ; e) la designación por la Fiscalía General de la Nación de
13 fiscales y su respectivo grupo de investigadores de la Policía Judicial y del Cuerpo
Técnico de Investigación, conformado por 78 personas, así como un grupo de 24
abogados que tienen a cargo la sustanciación de las investigaciones de casos en los cuales
los sindicalistas han sido víctimas; g) un proyecto de impulso a casos reportados a la OIT
dentro del Caso 1787, iniciado en 1994 por queja interpuesta por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), por asesinatos y otros actos de
violencia contra dirigentes sindicales y miembros de estas organizaciones en Colombia.
Para contribuir a la estrategia del Estado colombiano, mediante el Consejo Superior de la
Judicatura, designó tres Jueces Especializados, para atender los procesos reportados por
la Fiscalía General de la Nación dentro del caso 1787. La CIDH valora positivamente las
medidas adoptadas por Colombia y considera que estas contribuyen a avanzar en el
cumplimiento de la recomendación que, a ese respecto, hizo en 2006.
572
Entre los compromisos que el Estado de Colombia informó estarían asumidos en la declaración se
encuentran: a) reforzar el grupo de fiscales especializados para combatir las bandas criminales y en especial los
casos de crímenes contra sindicalistas; b) incrementar las acciones preventivas para evitar la comisión de nuevos
crímenes contra sindicalistas; c) adelantar una campaña por todos los medios de comunicación defendiendo los
derechos de los sindicalistas; d) convocar a una reunión de empresarios, dirigentes sindicales y Gobierno para
establecer un mecanismo conjunto que evite el constreñimiento a la libertad sindical y tomar medidas para
castigar a los infractores de este derecho; e) levantar un inventario de los casos de ataques contra sindicalistas,
para que las autoridades judiciales determinen sus verdaderos móviles; f) optimizar el mecanismo de alerta
temprana y de reforzar el protocolo de prevención para identificar los casos críticos; g) los comandantes de Policía
Departamentales se comprometen a rendir informes mensuales al DAS, la Fiscalía, el Gobierno y los dirigentes
sindicales sobre la situación de riesgo y protección de los sindicalistas en sus jurisdicciones; h) el Director de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, se compromete a trabajar con los dirigentes de las
confederaciones sindicales para perfeccionar cada vez más los mecanismos de protección de los sindicalistas; i)
crear una Red Virtual para atender alertas de amenazas en tiempo real; j) el Gobierno Nacional ofrece
recompensas por informaciones que conduzcan a la captura de los condenados por crímenes contra sindicalistas,
que no han sido capturados.
573
El Estado informó que entre los objetivos del Convenio se encontrarían: 1. generar estrategias que
propendan por el esclarecimiento de los hechos; 2. identificar y castigar a los autores y partícipes en estas
violaciones; 3. prevenir los delitos que atentan contra los derechos humanos de los sindicalistas adoptando los
planes y programas interinstitucionales, nacionales y locales que se requieran.