Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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funciones el nombramiento, ascensos e imposición de medidas disciplinarias de los jueces
en todos los niveles, además de la función de revisar que su remuneración corresponda a
sus responsabilidades y funciones 841 .
376. Uno de los objetivos de la inamovilidad es ejercer la función judicial con
la libertad necesaria para fallar estrictamente en derecho. Para que esta garantía sea
posible, los jueces deben contar con (i) la facultad de interpretar y aplicar las fuentes del
derecho y (ii) la facultad de evaluar con libertad los hechos y las pruebas 842 . Como una
consecuencia de lo anterior, las investigaciones y sanciones disciplinarias que se impongan
a un juez o jueza, en ningún caso pueden estar motivadas en el juicio jurídico que se
hubiera desarrollado en alguna de sus resoluciones 843 . Al respecto, los Principios y
Directrices relativos al Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África, señalan
que los “funcionarios judiciales […] no serán destituidos del cargo o sometidos a otros
procedimientos disciplinarios o administrativos únicamente debido a que su decisión fue
revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior” 844 .
377. Es importante puntualizar que existen recursos en algunos Estados como
la apelación, casación, revisión, avocación o similares, cuyo fin es controlar la corrección de
las decisiones del juez inferior cuando éste haya incurrido en una imprecisión o error en la
aplicación del derecho; sin embargo y tratándose específicamente del control disciplinario,
éste tiene por objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como
funcionario público. Por tanto, la Corte Interamericana ha indicado que aun cuando
existiera una declaración de error judicial inexcusable por parte de un órgano de revisión,
debe analizarse, al someter al juzgador que hubiere cometido dicho error a un
procedimiento disciplinario, en el que exista una motivación autónoma para determinar la
existencia de una falta disciplinaria y debe examinarse en todo caso cuál es la gravedad de
la conducta y aplicar una sanción que sea proporcional 845 .
378. Por otro lado, si la conducta atribuible al juez o la jueza se encontrara
enmarcada en el ámbito de un ilícito penal, el control disciplinario no sería el adecuado
para resolver sobre la posible conducta ilícita, sino la jurisdicción penal ordinaria. Bajo el
anterior supuesto, tal como lo ha señalado el Relator Especial sobre la independencia de
841
Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados partes de
conformidad con el artículo 40 del Pacto, CCPR/CO/84/TKJ, 18 de junio de 2005, párr. 17.
842
CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Ana María
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs.
Venezuela, Caso 12.489, 29 de noviembre de 2006, párr. 89.
843
CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Ana María
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs.
Venezuela, Caso 12.489, 29 de noviembre de 2006, párr. 89.
844
Principios y Directrices relativos al Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África,
adoptados como parte del informe de actividades de la Comisión Africana en la 2ª Cumbre y Reunión de Jefes de
Estado de la Unión Africana celebrada en Maputo del 4‐12 de julio de 2003, Principio A, numeral 4, literal n (2).
845
Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs.
Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No.
182, párr. 86.