Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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351. Una situación en la que los intentos de una persona para acceder a los
tribunales se vean sistemáticamente frustrados de jure o de facto 778 , o bien, en donde no
se garantice la igualdad de medios procesales para alguna de las partes 779 , afectaría el
cumplimiento de las obligaciones estatales relacionadas con los derechos a la protección
judicial y el debido proceso 780 , los cuales, como componentes del derecho de acceso a la
justicia, contribuyen a eliminar la impunidad de los casos relacionados con violaciones a
derechos humanos.
352. Si bien el desempeño de las funciones naturales a los jueces y juezas y de
todos los demás operadores de justicia debiera traducirse en la garantía de un juicio regido
conforme a las garantías del debido proceso, las presiones con que frecuentemente se
enfrentan o el diseño propio del marco jurídico que rige sus funciones, en algunas
ocasiones contamina la función jurisdiccional con problemas asociados a la corrupción 781 y
la falta de imparcialidad e independencia. No obstante ello, algunos jueces y magistrados
de la región así como defensoras y defensores públicos, fiscales y procuradores realizan un
esfuerzo especial para que en las causas que son de su conocimiento, prevalezcan las
garantías procesales propias del debido proceso, aun cuando se encuentren sometidos a
diversos tipos de presiones. La Comisión ha observado que la labor adelantada por estos
operadores de justicia comprometidos con hacer respetar y proteger los derechos
humanos y los principios democráticos, tienen un efecto multiplicador en los demás
miembros de la administración de justicia y en la sociedad en general, pero dicha labor, en
muchas ocasiones, los coloca en una situación especial de riesgo.
353. La Comisión considera de especial importancia que los Estados protejan a
los operadores de justicia de ataques o actos de intimidación a su persona o a sus familias,
así como de otros tipos de afectación que directa o indirectamente vulneren su
independencia e imparcialidad, las cuales, en el marco de sus actuaciones profesionales,
778
Comité de Derechos Humanos, Observación General no. 32 Artículo 14. El derecho a un juicio
imparcial y la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 9.
779
Comité de Derechos Humanos, Observación General no. 32 Artículo 14. El derecho a un juicio
imparcial y la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 13.
780
Los artículos XVIII de la Declaración Americana y 8 y 25 de la Convención Americana establecen que
todas las personas tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial cuando creen que sus
derechos han sido violados.
781
La Relatora Especial sobre la imparcialidad de los Jueces y Magistrados de Naciones Unidas, Gabriela
Knaul, ha señalado que “[…]la corrupción judicial es un factor que contribuye a la impunidad. […].La corrupción en
una parte del sistema judicial puede menoscabar los esfuerzos que se realizan a nivel de todo el sistema para
luchar contra la impunidad; por ello, es importante que se aborde de manera integral”. “Para luchar contra la
corrupción judicial, habrá que tomar medidas como la divulgación del patrimonio personal de los funcionarios
judiciales y otras personas que desempeñan funciones destacadas en el sistema de justicia penal; establecer
mecanismos de control a nivel institucional para garantizar la transparencia de las actividades; establecer órganos
de supervisión interna y mecanismos de formulación confidencial de quejas; y publicar periódica y
sistemáticamente informes sobre las actividades realizadas. Además, deben procurarse aumentar los sueldos de
los jueces, magistrados y funcionarios judiciales para reducir las posibilidades de corrupción”. Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, Informe provisional de la Relatora Especial sobre la Independencia de
los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, A/65/274, 10 de agosto de 2010 párrs. 44, 45.