Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques en contra de las
defensoras y defensores de los derechos humanos. Para ello se requiere
otorgar fondos apropiados y apoyo político a las instituciones y los
programas.
9. En los países en donde los ataques en contra de defensores y defensoras
son más sistemáticos y numerosos, los Estados deben poner a disposición
todos los recursos necesarios y adecuados para evitar daños contra la
vida e integridad física. La CIDH considera que los programas de
protección especializados pueden facilitar a estos Estados cumplir con su
obligación de protección al permitir mayor cercanía y conocimiento
concreto de la situación particular del defensor o defensora en riesgo y,
consecuentemente, poder brindar una intervención oportuna,
especializada, y proporcional al riesgo que pudiera enfrentar el defensor
o defensora. Los Estados deben asegurar que los programas
especializados estén respaldados por un fuerte compromiso político del
Estado que se vea reflejado en la manera en que se asegure
jurídicamente el funcionamiento del programa, la efectividad en los
mandamientos de las autoridades que estén a su cargo, así como en
recursos y personal suficientes e idóneos que sean asignados; asimismo,
la CIDH insta a los Estados a tomar en cuenta para los estudios de
valoración del riesgo los estándares señalados en este informe.
10. Garantizar que el personal que participa en los esquemas de seguridad
sea designado con la participación y concertación de los beneficiarios de
tal manera que les genere confianza. Las medidas de protección no
deben ser brindadas por los funcionarios de seguridad que, según los
beneficiarios, estarían involucrados en los hechos denunciados. La
Comisión recomienda que los Estados dispongan de un cuerpo de
seguridad estatal que sea separado del que ejerce las actividades de
inteligencia y contrainteligencia; cuyo personal encargado de la
protección sea seleccionado, incorporado, capacitado y entrenado con
absoluta transparencia y con la participación de los representantes de la
población objeto de los programas.
11. Garantizar la seguridad de los grupos de defensores y defensoras en
especial situación de riesgo mediante la adopción de medidas específicas
de protección en razón de sus actividades y riesgos habituales. Los
Estados deben emprender, asimismo, medidas a fin de lograr el
reconocimiento de la importancia del rol de estos defensores y
defensoras dentro del movimiento de defensa de los derechos humanos.
12. Asignar recursos humanos, presupuestarios y logísticos así como adecuar
el orden normativo interno para implementar las medidas de protección
adecuadas solicitadas por la Comisión o la Corte Interamericana a efectos
de proteger la vida y la integridad física de las defensoras y defensores.
Tales medidas deben estar en vigencia durante el tiempo en que la