Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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la debida difusión para conocimiento de la población, respecto a los mecanismos de
coordinación y comunicación, a los efectos de brindar las mayores facilidades para el
ejercicio del derecho de reunión y limitar el efecto que pueden tener sobre el goce de los
derechos de otros integrantes de la misma comunidad que igualmente merecen ser
garantizados y protegidos por el Estado 282 .
145. Asimismo, la separación clara y precisa entre la seguridad interior como
función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas es
fundamental para garantizar un uso de la fuerza que no resulte violatorio del derecho de
reunión de defensoras y defensores de derechos humanos. La CIDH ha señalado que la
Policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto
a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.
Así, el entrenamiento y preparación de las Fuerzas Armadas “está dirigido a derrotar al
enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes
policiales” 283 . La intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna,
en general, suele encontrarse acompañada de violaciones de derechos humanos en
contextos violentos, por ello, es aconsejable evitar la intervención de las fuerzas armadas
en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos
humanos 284 . Por ello, la CIDH subraya que el control de la violencia suscitada en el marco
de una protesta social que pertenece al orden interno del Estado, es competencia exclusiva
de cuerpos policiales civiles debidamente organizados y capacitados, y no así de fuerzas
armadas militares.
146. En el marco de consulta para la elaboración de este informe se recibió
información en relación a algunos Estados que utilizarían en la práctica, o mantendrían en
sus marcos legales la posibilidad de intervención para las fuerzas armadas en
manifestaciones de protesta social. En este sentido, existirían legislaciones que permiten el
uso de las fuerzas armadas para proteger la gestión de empresas privadas en áreas
consideradas de carácter estratégico, como son aquellas que participan en la prestación de
servicios públicos, cuando “se ponga en riesgo” o “en grave peligro” la gestión de dichas
empresas. Según se informó a la Comisión, la falta de definición de las condiciones para
permitir la intervención de las fuerzas armadas, permite una interpretación amplia por
parte de las autoridades que ha posibilitado el uso de la fuerza para socavar
manifestaciones de protesta social pacífica o huelgas laborales. La CIDH insta a estos
Estados a adecuar su legislación y prácticas aministrativas de acuerdo a los estándares
antes señalados de tal manera que las fuerzas armadas no sean utilizadas para reprimir
manifestaciones de protesta social.
282
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 196.
283
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 102.
284
CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, Capítulo III,
”Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Seguridad”, párr. 272; CIDH, Informe sobre
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 101.