Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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proceso, la jueza solicitó el refuerzo de la seguridad que tendría asignada por el Consejo
Superior de la Judicatura, solicitud que no habría tenido una respuesta positiva. Entre las
amenazas que ha recibido la jueza se encontraría un sufragio en donde se le invita a su
entierro y una carta en donde se le expresa un “sentido pésame por su pronta
desaparición junto a toda su querida familia” 906 . Ante las persistencia de una situación de
peligro para los derechos de la jueza, el 2 de junio de 2010, días antes de que se dictara la
sentencia del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Stella Jara
Gutiérrez y su hijo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte
las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de María Stella
Jara Gutiérrez y su hijo; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus
representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos
que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares. De acuerdo a la información
recibida por la CIDH en el trámite de las medidas cautelares, la Jueza Jara en junio de
2010 habría salido de Colombia en búsqueda de mejores condiciones de seguridad 907 . La
CIDH tuvo noticia de que en diciembre de 2010 la jueza Jara regresó a Colombia en
compañía de su hijo.
399. Varios operadores de justicia de la región fueron removidos de sus cargos
luego de adoptar decisiones contrarias a los intereses de algunos grupos de poder, en
muchos de los casos, a la luz de la información pública disponible, se evidencia una clara
injerencia política en la decisión de su destitución. Las remociones arbitrarias de las y los
operadores de justicia y las represalias perpetradas en su contra envían una fuerte señal a
la sociedad y al resto de las y los operadores de justicia de que el poder judicial no tiene la
libertad de adoptar decisiones 908 , pues en algunas ocasiones tras ser removidos de sus
cargos, han sido procesados e incluso, sometidos a situaciones contrarias a su dignidad.
En Venezuela, la Jueza 31 de Control del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni Mora,
sustituyó el 10 de diciembre de 2009 la medida privativa de libertad de Elegio Cedeño por
una medida cautelar menos gravosa 909 , ya que había permanecido privado de libertad por
más tiempo del plazo máximo de detención preventiva contemplado en el Código
Orgánico Procesal Penal que establece un plazo máximo de dos años 910 , basándose en
una opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de
Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2009. Minutos después de emitir su resolución,
906
Radio Caracol, Cronología de las presiones y amenazas contra la juez María Stella Jara, 4 de
septiembre de 2009. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspxid=873407.
907
El Espectador, Es doloroso que una juez que ha resuelto un caso deba abandonar el país, 22 de junio
de 2010. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo‐209855‐doloroso‐una‐juez‐haresuelto‐un‐caso‐deba‐abandonar‐el‐paispage=4.
908
CIDH. Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, Capítulo III, párr. 301.
909
Conforme a la Opinión No. 20/2010 de 3 de septiembre de 2010 del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Jueza Afiuni Mora decretó la
liberación bajo caución del señor Cedeño en pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, disponiendo una
medida cautelar menos gravosa, que incluía la prohibición del señor Cedeño de salir del territorio nacional; la
retención de su pasaporte y la de presentarse al Juzgado cada quince días.
910
CIDH. Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, Capítulo III, párr. 297.