Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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formación durante la carrera judicial 874 . El Relator de Independencia judicial de la ONU ha
señalado que “la formación continuada constituye un derecho del juez y una
responsabilidad del poder judicial” 875 . La CIDH considera que los Estados deben cumplir
con sus deberes de respeto y garantía del derecho de asociación de los operadores de
justicia conforme a los estándares reconocidos a la libertad de asociación pero además,
garantizar las condiciones para que los jueces tengan acceso a una formación continua.
D. Obstáculos que enfrentan los operadores de justicia de la región
390. La CIDH ha dado seguimiento en la región a la situación de juezas y
jueces; defensoras y defensores públicos así como fiscales y procuradores en la región y ha
identificado una serie de obstáculos que incluyen tanto deficiencias de orden institucional
en el aseguramiento de la independencia del poder judicial, como también ataques,
agresiones y hostigamientos en represalia a la actuación de las y los operadores de justicia.
391. En relación a las deficiencias de orden institucional en el aseguramiento
de la función judicial, la Comisión ha observado que la fragilidad en el poder judicial de
algunos Estados se manifiesta tanto en las injerencias en éste por parte del poder
ejecutivo; como también en el régimen de provisionalidad indefinida en que se encuentran
gran cantidad de juezas y jueces; y en la posibilidad jurídica de que su nombramiento sea
sujeto a una confirmación posterior, o bien, a una reelección en el cargo.
392. A ese respecto, durante el período de seguimiento la CIDH ha recibido
noticia sobre claras injerencias de los titulares de los poderes ejecutivos sobre el poder
judicial a través del control de la administración de justicia, las cuales, además de constituir
una importante afrenta al principio de división de poderes que es consustancial a los
sistemas democráticos, también inciden en perjuicio del acceso a la justicia de las víctimas
cuyas causas sustancian las juezas y jueces sujetos a remociones o despidos discrecionales.
La Comisión recibió información sobre la situación del poder judicial de Ecuador en su
143º período de sesiones 876 . Al respecto, la CIDH tomó conocimiento de declaraciones del
Presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien indicó que “el Presidente de la República no
es sólo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado
ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de
Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es
el Estado ecuatoriano”. Asimismo, se informó a la Comisión sobre el Decreto 872 de 5 de
septiembre de 2011 por medio del cual el Poder Ejecutivo Decretó el denominado “Estado
874
Asamblea General de las Naciones Unidas. Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos,
Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. Informe del Relator Especial
sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009,
párr. 82.
875 Idem.
876
CIDH, Audiencia sobre la Situación del derecho a la libertad de Expresión en Ecuador, 143º período
de sesiones, 25 de octubre de 2011.