Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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86. La Comisión nota que el texto de la amnistía indica entre sus
fundamentos jurídicos, inter alia, la recomendación 11 del Informe sobre la Situación de las
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas de 2006 que expresa
que los Estados deben asegurar que “sus autoridades o terceras personas no manipularán
el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se
encuentran dedicados a actividades tan legítimas como es el caso de las defensoras y
defensores de derechos humanos”. Asimismo, la CIDH nota que en virtud de esta medida
varios líderes, defensoras y defensores de derechos humanos han dejado de ser hostigados
por los procesos penales que atravesaban por sus actividades de resistencia en la
ocupación de territorios y defensa del derecho al medio ambiente sano y sus territorios.
87. No deja de preocupar a la Comisión, que, a pesar del reconocimiento
realizado por el Estado en la mencionada resolución respecto al problema de la
criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, persista en dicho país el
uso del sistema penal con la finalidad de generar hostigamiento a defensores y
defensoras 166 . La Comisión considera que si bien las resoluciones adoptadas por la
Asamblea permitieron a defensores que estaban sometidos a procesos penales continuar
con el ejercicio de sus funciones, se requiere la adopción de medidas integrales para evitar
que se criminalicen las actividades de defensa de los derechos humanos.
88. A continuación la CIDH señalará la manera en la cual la criminalización
puede resultar violatoria de los mencionados derechos, e identificará algunas de las
tendencias que han sido de su conocimiento durante el período de seguimiento al informe
de 2006.
166 En este sentido, la Comisión ha sido informada sobre la acusación por los cargos de sabotaje y
terrorismo iniciados desde mayo de 2010 en contra de los dirigentes comunitarios Carlos Pérez Guartambel y
Federico Guzmán en la provincia de Azuay que estarían relacionados con su participación en un corte de carretera
realizado en protesta contra un anteproyecto de ley sobre agua. De acuerdo a la información disponible, al no
encontrarse pruebas por los delitos que fueron inicialmente acusados, el fiscal habría cambiado la acusación por
el delito de “suspensión de servicios públicos y obstaculización de vías públicas”. Los procesos de los dos líderes
comunitarios habrían sido sobreseídos por un juez hasta agosto de 2010. El Universo, Absueltos líderes
campesinos, 21 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2010/08/21/1/1355/absueltosdirigentes‐campesinos.html.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre la detención de Vicente Zhunio
Samaniego, miembro de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, organización dedicada
a la defensa del ambiente en Ecuador, quien habría sido detenido por primera vez el 5 de enero de 2009 y
posteriormente el 20 de enero de 2009 en el contexto de movilizaciones por la expedición de una nueva ley
minera. Vicente Zhunio habría sido detenido y agredido por la policía en un operativo policial y el 20 de enero
habría sido trasladado al penal de Macas. Finalmente, según se hizo de conocimiento, obtuvo su libertad el 5 de
febrero de 2009, al dictarse auto de sobreseimiento provisional a su favor. El mismo día de la liberación de Vìctor
Zhunio, de acuerdo a la información disponible, las señoras Yolanda Gutama, Virginia Chuñir y Etelvina Misacango,
dirigentes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, habrían sido apresadas y puestas en libertad al día
siguiente. No obstante, la Corte Provincial de Cuenca habría revocado su resolución y habría emitido órdenes de
captura. Desde finales de 2009, las dos dirigentes se encontrarían prófugas y sus procesos abiertos. OMCT‐FIDH,
La perseverancia del testimonio, Informe Anual 2010, págs. 123‐124. Disponible en:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/informe.pdf.