Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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justicia, así como para renovar sus esfuerzos de colaboración con las organizaciones de la
sociedad civil en dicho ámbito.
538. El papel que pueden desempeñar las instituciones nacionales es
fundamental para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión para
promover una cultura de los derechos humanos en la cual se reconozca pública e
inequívocamente el papel que ejercen las defensoras y defensores de derechos
humanos 1095 .
539. En lo que corresponde a las actividades de protección a defensores y
defensoras, la Comisión ha sido informada de la participación de algunos Ombudsman en la
implementación de mecanismos de protección a la vida e integridad de defensores y
defensoras de derechos humanos que pudieran encontrarse en una situación de riesgo a su
vida e integridad personal. Al respecto, la CIDH tiene conocimiento de la existencia de
mecanismos de adopción de medidas especiales de protección en México desarrollados
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que tienen su fundamento jurídico
respectivamente en el artículo 40 de la Ley de la CNDH 1096 y el artículo 39 de la CDHDF 1097 .
Los mencionados Ombudsman ante una situación de gravedad y riesgo en la cual exista un
peligro de riesgo de daño irreparable pueden adoptar medidas especiales de protección
recomendando a las autoridades en la esfera de su competencia protejan al defensor o
defensora en peligro. La Comisión observa que de acuerdo a la naturaleza de los
Ombudsman la propuesta de medidas de protección tendría que ser aceptada por la
1095
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, recomendación 1.
1096
De acuerdo a la Ley de la CNDH el Visitador General tiene la facultad de solicitar en cualquier
momento, a las autoridades competentes, que se tomen las medidas precautorias o cautelares necesarias para
evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil
reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron
Art. 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de junio de 1992. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/node/26. Conforme al Reglamento de la CNDH
una vez que se recibe la noticia de la violación reclamada, para que el visitador general solicite a las autoridades
competentes las medidas de protección constituye razón suficiente que, de ser ciertos los hechos, resulte difícil o
imposible la reparación del daño causado o la restitución del agraviado en el goce de sus derechos humanos. Art.
117 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 29 de septiembre de 2003.
Disponible en: http://www.cndh.org.mx/node/26. De acuerdo a la Guía para implementar medidas cautelares en
beneficio de defensores de los derechos humanos en México, la propuesta de medidas de protección se elaboraría
casuísticamente en coordinación con los defensores de derechos humanos o sus representantes y se otorgarían
con un plazo de vigencia de 30 días que podrá ser prorrogado por el tiempo que fuera necesario siempre y cuando
se manifiesten los motivos que dieron lugar a las mismas. De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil de
México, las medidas cautelares emitidas por la CNDH no suelen ser en la práctica efectivas, ya que en ocasiones
las autoridades receptoras de la propuesta de protección no cumplirían con las mismas. CNDH, Guía para
implementar medidas cautelares en beneficio de los defensores de los derechos humanos en México, octubre de
2010. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/index/20110329_2.pdf
1097
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o los Visitadores, podrán
solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas necesarias para
evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas o reclamadas o
la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las
situaciones que las justificaron.