Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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El 21 de junio de 2010, en el caso Holder v. Humanitarian Law Project, la Corte Suprema
de los Estados Unidos, desestimó una impugnación fundada en la Primera Enmienda
interpuesta contra una de las disposiciones contenidas en la norma penal, que prohíbe
brindar “apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera” en forma
deliberada. Los demandantes del caso impugnaron la prohibición respecto de cuatro tipos
de provisión de apoyo material —a saber, “entrenamiento”, “asistencia o asesoramiento
especializados”, “servicio” y “personal”— y argumentaron que la ley resulta violatoria de
los derechos de libertad de expresión y asociación consagrados en la Primera Enmienda,
al prohibir que se apoyen las actividades no violentas de grupos como Partiya Karkeran
Kurdistan y Tigres de Liberación del Eelam Tamil. La Corte Suprema desestimó la
pretensión, y determinó que el interés del gobierno en combatir el terrorismo constituía
un “objetivo urgente de máxima prioridad” que justificaba la prohibición establecida en la
norma respecto de ciertas expresiones, como brindar entrenamiento a determinadas
organizaciones terroristas en temas de derecho internacional y organismos
internacionales 362 .
3. Controles financieros a las organizaciones de derechos humanos
179. La Comisión reitera que como parte de la libertad de asociación, los
Estados deben promover y faciliar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a
fondos de cooperación financieros tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse
de restringir sus medios de financiación 363 . Bajo esta lógica, los organismos que se creen
con el fin de coordinar o dar seguimiento a nivel estatal de la recepción y manejo de
recursos deben estar orientados a promover y no a restringir las posibilidades de
financiamiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
180. La CIDH ha tenido conocimiento de proyectos de ley que autorizan que
cualquier autoridad o cualquier persona, mediante el denominado “control ciudadano”,
pueda solicitar a una organización información que se refiera a su financiamiento cuando
sus actividades sean de “interés público” 364 . En virtud del carácter amplio que reviste el
362
U.S. Supreme Court, Holder, Attorney General et al. v. Humanitarian Law Project et al., 21 de junio
de 2010. Disponible en: http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08‐1498.pdf; Ver también CIDH, Informe
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2010, 7 de marzo de 2011, párr. 240.
363
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, recomendación 51.
364
Así por ejemplo, la Comisión tuvo conocimiento del Proyecto de Reglamento de personas jurídicas
de derecho privado con finalidad Social y sin Fines de Lucro propuesto desde 2010 por el Ejecutivo de Ecuador el
cual establece en su artículo 35 que en materia de control y evaluación del funcionamiento de las organizaciones
con finalidad social y sin fines de lucro, que el Control Ciudadano, es ejercido en forma individual o colectiva por
cualquier ciudadano para solicitar la rendición de cuentas de una organización que a) preste un servicio público; b)
maneje recurso público ó c) desarrolle actividades de interés público. La Comisión en uso de las atribuciones que
le confieren el artículo 41 de la Convención, solicitó información al Estado de Ecuador sobre este proyecto el 4 de
enero de 2011. El Proyecto de Reglamento de personas jurídicas de derecho privado con finalidad Social y sin Fines
de Lucro, está disponible en:
http://www.google.com.ec/urlq=http://www.infodesarrollo.ec/recursos/documentos/doc_download/196‐
reglamento‐organizaciones‐sociedadcivil.html&sa=U&ei=RB9yTv2xLKHK0AG3mf3uCQ&ved=0CA8QFjAB&usg=AFQjCNF93H2zWjegOqb7Li4XJXhBGEEzx
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