Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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492. Es por lo anterior que el gobierno nacional debe adoptar las medidas que
permitirán a las autoridades de las entidades componentes de la Federación lograr el
cumplimiento de la Convención en el marco de su sistema federal 1038 . Según lo ha
sostenido la Corte, un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir
una obligación internacional 1039 . La Comisión reitera que existe una obligación
internacional de proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, por tanto,
los gobiernos nacionales deben adoptar las medidas en el interior del Estado que permitan
la implementación efectiva de un programa de protección para defensores y defensoras de
derechos humanos, en donde la organización federal de un Estado no obste para garantizar
la protección efectiva a defensores y defensoras de derechos humanos.
493. Como otra parte integrante del compromiso político de Estado, el
programa de protección a defensores y defensoras debe contar con recursos humanos
suficientes, entrenados y capacitados para recibir las solicitudes de protección, evaluar el
nivel de riesgo, adoptar e instrumentar las medidas de protección, así como monitorear las
medidas que se encuentren vigentes.
494. La CIDH ha indicado que las actividades de análisis de riesgo e
implementación de las medidas deben estar asignadas a personal que pertenezca a un
organismo de seguridad estatal distinto del que ejerce las actividades de inteligencia y
contrainteligencia; entre dicho personal deben estar instructores, supervisores y expertos
de seguridad de dedicación exclusiva al programa de protección que cuenten con
instalaciones propias 1040 . La CIDH estima necesario que los Estados doten a los programas
de protección de personal que permita crear lazos de confianza con las personas que
solicitan protección, así como con los conocimientos necesarios para evaluar el riesgo,
instrumentar las medidas de protección y monitoreo de las mismas.
495. Asimismo, los Estados deben brindar los recursos presupuestarios y
logísticos necesarios para garantizar la efectividad del programa 1041 . En tal sentido, es
recomendable que los Estados asignen los recursos correspondientes en sus partidas
presupuestarias a efecto de cubrir los costos derivados de los gastos del personal que
labora en el programa, así como de los gastos específicos relacionados con las medidas de
protección asignadas a las personas en riesgo. El mantenimiento de los implementos de los
cuerpos de seguridad del Estado no puede constituir una carga económica para las
personas beneficiarias de su protección, pues ello corresponde de manera exclusiva al
Estado 1042 .
1038 CIDH, Informe No. 8/91, Caso 10.180, México, 22 de febrero de 1991, párr. 41.
1039
Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones. Sentencia de 27 de agosto de
1998. Serie C No. 39, párr. 46.
1040
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 136.
1041
Ibidem, párr. 134.
1042
Alegatos de la Comisión Interamericana en Corte IDH Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas
cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando séptimo.