Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas
de comportamiento judicial” 835 .
373. Para aplicar una medida disciplinaria, el procedimiento de decisión debe
cumplir con las garantías del debido proceso. En este sentido, la autoridad a cargo de la
aplicación de la medida debe conducirse imparcialmente y permitir el ejercicio del derecho
de defensa 836 . Aun cuando los Estados disponen de facultades discrecionales para
reorganizar sus instituciones y, eventualmente, para remover personal en función de las
necesidades del servicio público y la gestión de intereses de orden público en una sociedad
democrática, el ejercicio de esas facultades no puede ser sustraído del pleno respeto a las
garantías del debido proceso y protección judicial, pues lo contrario podría someter a los
afectados a una actuación arbitraria 837 .
374. La Comisión ha valorado en forma positiva la adopción de Códigos de
Ética Judicial en algunos Estados de la región y ha resaltado la importancia de que no
incluyan normas con contenido amplio o vago que permitan que las conductas sancionadas
se encuentren sujetas a la interpretación discrecional por parte de los órganos
disciplinarios 838 . La CIDH ha considerado positivo que los Estados consagren en sus
legislaciones correspondientes al régimen disciplinario los principios de legalidad, oralidad,
publicidad, igualdad, imparcialidad, contradicción, economía procesal, eficacia, celeridad,
proporcionalidad, adecuación, concentración, inmediación, idoneidad, excelencia e
integridad, así como la aplicación del mismo régimen a todos los jueces sin perjuicio de su
carácter permanente, temporal, ocasional accidental o provisorio 839 .
375. La Relatoría Especial de Independencia de los Jueces y Abogados de la
ONU ha expresado su preocupación por la importante e incluso decisiva función que en
algunos Estados desempeñan los poderes legislativo o ejecutivo en la imposición de
medidas disciplinarias a los jueces 840 . En tal sentido, para subsanar este tipo de
problemáticas, la CIDH considera, al igual que el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
que es conveniente que los Estados establezcan un órgano independiente que tenga por
835
Principio 19 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus
resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. Disponible:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm.
836
Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs.
Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No.
182, párr. 74.
837 Corte I.D.H., Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otro) Vs. Perú, Sentencia de
24 de Noviembre de 2006, Serie C No. 158, párr. 110.
838
Publicado en la Gaceta Oficial 39.326 de 6 de agosto de 2009.
839
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párr. 243.
840
Asamblea General de las Naciones Unidas. Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos,
Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. Informe del Relator Especial
sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009,
párr. 61.