Segundo Informe sobre la SituaciÃ³n de las Defensoras y ...

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76 este derecho implica la posibilidad de promover y defender libre y efectivamente cualquier derecho 379 . Desde la perspectiva del sistema interamericano, la CIDH observa que los derechos políticos como un derecho reconocido en la Convención Americana (art. 23) y esencial para la conservación y desarrollo de los sistemas democráticos, por tanto, las defensoras y defensores tienen derecho a promoverlo y defenderlo sean nacionales o extranjeros al Estado donde realizan sus actividades. Una limitación de la anterior naturaleza es prohibida por el derecho internacional. No obstante, no escapa del conocimiento de la CIDH que una situación diversa a la anterior, sería aquella en la cual una organización realizara proselitismo a favor de determinado partido político o candidato a un puesto de participación política, bajo este supuesto, su actividad no estaría protegida por el mencionado estándar. La “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional”, promulgada por el Estado de Venezuela en diciembre de 2010 tiene el objeto de“ proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera” 380 . Esta ley señala que el “patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales” 381 y sanciona a las organizaciones que reciban financiamiento extranjero a multa equivalente al doble del monto recibido 382 ; a las personas naturales que reciban ayudas económicas, aportes financieros para el ejercicio de actividades políticas por parte de personas u organismos extranjeros, con “multa equivalente al doble del monto recibido” 383 ; a los ciudadanos extranjeros que participen en las actividades de financiamiento extranjero al procedimiento de expulsión del territorio de la República 384 , sin perjuicio de otras sanciones previstas en otras leyes; sanciones accesorias y específicas en casos de reincidencia 385 . 186. De especial preocupación para la CIDH ha sido la situación de defensoras y defensores en aquellos Estados que han iniciado investigaciones penales en su contra por presuntamente recibir fondos del extranjero. El derecho a recibir fondos internacionales en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación y el Estado está obligado a respetar 379 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, párr. 36. 380 Artículo 1. Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minamb.gob.ve/files/leyes‐2011/No6013ledespan.pdf. 381 Artículo 4. Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minamb.gob.ve/files/leyes‐2011/No6013ledespan.pdf. 382 Artículo 6. Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minamb.gob.ve/files/leyes‐2011/No6013ledespan.pdf. 383 Artículo 7. Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minamb.gob.ve/files/leyes‐2011/No6013ledespan.pdf. 384 Artículo 8. Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minamb.gob.ve/files/leyes‐2011/No6013ledespan.pdf. 385 Articulos 9 y 20 de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 23 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minamb.gob.ve/files/leyes‐2011/No6013ledespan.pdf.
77 este derecho sin imponer restricciones más allá de las permitidas por el derecho a la libertad de asociación 386 . 187. Por último, como parte de la promoción del derecho a defender los derechos humanos a través del ejercicio del derecho de asociación, la CIDH considera que los Estados deben procurar eximir de impuestos a las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos 387 . La CIDH ha recibido información según la cual, el beneficio de la excención de impuestos estaría sujeto al actuar discrecional de algunas autoridades, en lugar de estar claramente previsto en leyes o programas y administrarse sin diferencia alguna. En Bolivia, la ley No. 2493 de 4 de agosto de 2003 establece la excensión de impuestos para “asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales”. La CIDH ha recibido información de la sociedad civil de Bolivia según la cual, estos beneficios solamente se aplican si las organizaciones han tramitado una resolución administrativa que, como organización sin fines de lucro, la declara expresamente exenta de impuestos. Según se informó a la CIDH, en los últimos años habría un creciente número de casos de trámites rechazados a partir de decisiones de la administración tributaria que actuaría de manera discrecional, a partir de una interpretación restrictiva de lo “no lucrativo”, excluyéndo del beneficio a organizaciones que establecen pago de honorarios entre sus directores o miembros de la asamblea de asociados, sin diferenciar si dichos pagos constituyen una distribución de excedentes entre sus miembros o bien, pagos por servicios personales por trabajos que contribuyen al logro del fin social. La CIDH reitera que los Estados deben promover el ejercicio de la libertad de asociación y las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos de la manera más amplia, las autoridades no deberían restringir de manera discrecional los beneficios fiscales de manera que se desincentive el libre ejercicio de este derecho. G. Restricciones indebidas al acceso a la información en poder del Estado 188. En su informe de 2006 la Comisión manifestó preocupación porque autoridades gubernamentales y, en particular las Fuerzas Armadas, se negaban a entregar la información, inclusive, cuando ésta es solicitada por la Justicia o instituciones tales como Comisiones de Verdad 388 . En vista de la anterior situación, la Comisión recomendó a los Estados: “[p]ermitir y facilitar el acceso de las defensoras y defensores, y del público en 386 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párr. 585. 387 CIDH. Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, párr. 40. 388 En particular la Comisión se refirió a la información recibida en la visita in loco de la CIDH a Guatemala en 2003 donde el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni recibió información indicando que sectores de prensa y de derechos humanos condenaron la actitud del Presidente del Congreso de la República, Efraín Ríos Montt, de obstaculizar el acceso a documentos relacionados con la aprobación y ejecución presupuestaria de los años 2000 y 2001. (ver Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.118, 29 de diciembre de 2003).
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