Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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Comisión observa que la exigencia de denuncia previa y las formalidades que lleva consigo
la instauración del proceso penal puede repercutir en la oportunidad para otorgar la
protección que amerita una situación de gravedad de riesgo. En todo caso, el Estado que
tenga conocimiento en el marco de la solicitud de protección de la comisión de un delito
perseguible de oficio en contra de un defensor o defensora, tiene la obligación de
promover e impulsar un proceso penal 1048 . Inclusive, cuando se estuvieren cometiendo
otros tipos de delitos, resulta importante que las autoridades que participen en el
programa de protección tengan canales de comunicación con las autoridades competentes
a fin de facilitar e instar al defensor o defensora a que denuncie las presuntas conductas
delictivas a las autoridades competentes para que puedan perseguir los delitos.
503. Finalmente, la CIDH observa que el diseño de los programas de
protección para víctimas y testigos de procesos penales no cumple frecuentemente con la
flexibilidad que amerita la protección a defensores y defensoras. En este sentido, la
Comisión nota que en ocasiones es necesario proteger la vida o integridad de grupos de
carácter determinable como lo serían los miembros pertenecientes a una organización.
Ante solicitudes de protección de la cobertura señalada, los programas de Protección a
Víctimas y Testigos por precisar el requisito de que las personas objeto de protección sean
participantes en un proceso penal y que el riesgo provenga de éste, podrían enfrentar
serias dificultades para cumplir con la solicitud de protección de manera diligente y
efectiva.
504. La CIDH recomienda a los Estados que utilicen un modelo de vinculación
con los Programas de Protección a Víctimas y Testigos para la implementación de medidas
de protección a defensores y defensoras, asegurarse de que dicha vinculación no
constituya obstáculo alguno para la protección inmediata de los defensores y defensoras
cuyo riesgo no provenga de su participación en procesos penales. En este sentido, la
Comisión insta a los Estados a que no exijan la instauración de un proceso penal como
presupuesto para la protección de los defensores y defensoras, ni condicionen la
protección a cualquier otro requisito que dificulte la oportunidad en la adopción de las
medidas.
d. Evaluación del riesgo
505. La evaluación del riesgo tiene por objetivo que el Estado conozca el grado
en que los obstáculos a las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos
pudieran afectar la vida e integridad personal del defensor o defensora solicitante de
protección, perturbando también la continuidad en sus actividades de defensa y
promoción de los derechos humanos. Una adecuada evaluación del riesgo debe permitir al
Estado adoptar las medidas de seguridad apropiadas para salvaguardar los derechos del
defensor o defensora solicitante y garantizar así la continuidad de sus actividades. La
evaluación del riesgo debe ser entendida como el medio por el cual el Estado estudiará la
mejor manera bajo la cual cumplirá con su obligación de protección, para ello, el Estado
1048
CIDH. Informe Nº 52/97, Arges Sequeira Mangas, 18 de febrero de 1998, párrs. 96 y 97; Informe
N° 55/97, Juan Carlos Abella, 18 de noviembre de 1997, párr. 392 e Informe N° 62/00, Hernando Osorio Correa, 3
de octubre de 2000, párr. 24.