Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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desarrollo de los países de la región 668 , así como garantizar el goce de derechos como la
vida e integridad personal de los seres humanos ante la exposición a agentes
contaminantes que, provenientes de diversas fuentes, pueden afectar la calidad del aire,
agua, suelo y subsuelo y perjudicar el goce de los derechos humanos. La Corte
Interamericana ha afirmado que “[e]l reconocimiento del trabajo realizado por la defensa
del medio ambiente y su relación con los derechos humanos cobra mayor vigencia en los
países de la región, en los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas,
actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor” 669 .
312. En su informe de 2006, la CIDH indicó que la lucha por el derecho al
medio ambiente sano ha llevado a miles de defensoras y defensores a organizarse con el
fin de luchar por la efectividad de sus derechos y muchos líderes han sido objeto de
amenazas y ataques en razón del trabajo que desempeñan en favor de la protección de los
derechos económicos y sociales 670 . Durante el período de seguimiento, la CIDH ha notado
que los ataques, agresiones y hostigamientos cometidos en contra de defensores y
defensoras del medio ambiente, han tendido a visibilizarse más en algunos Estados de la
región 671 , principalmente, en contextos en los cuales existen serias tensiones entre los
sectores que apoyan algunas actividades industriales, como las extractivas, que tienen
grandes intereses económicos comprometidos, y los sectores que resisten a la
implementación de los proyectos, intentando evitar una relocalización forzada de las
comunidades por la implementación de los mismos, o bien, de los efectos nocivos de la
contaminación producida por las industrias en las aguas, aire, suelo y subsuelos.
313. De acuerdo a la información recibida por la Comisión, gran parte de los
proyectos desarrollados por industrias extractivas se ha dado como consecuencia de la
conclusión de tratados de libre comercio y los compromisos de aumento de la inversión
extranjera en algunos Estados. Asimismo, la mayoría de estos proyectos se desarrollan por
empresas extranjeras, cuyas actividades y consecuencias ambientales de los proyectos no
serían sujetas a una fiscalización adecuada por parte de los Estados en donde se
668
Al respecto, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo señala en su Principio 3 que
“[e]l derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”.
párr. 148.
669 Corte I.D.H., Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No 196,
670
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, capítulo IV “Grupos de Defensoras y Defensores en Especial Indefensión”, párr. 215.
671
En este sentido, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de la ONU ha señalado
que: “algunas empresas privadas han estado obstaculizando las actividades de los defensores que trabajan en relación
con determinadas cuestiones, entre ellas […] la explotación de los recursos naturales […]. Asimismo, […] [l]a Relatora
Especial ha recibido información sobre casos de guardias de seguridad contratados por empresas petroleras y mineras
que supuestamente han amenazado de muerte, hostigado y atacado a defensores de derechos humanos que
protestaban contra el presunto impacto negativo de las actividades de las empresas en el goce de los derechos
humanos de las comunidades locales”. Asamblea General de las Naciones Unidas, A/65/223, Informe de la Relatora
Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, 4 de agosto de 2010, párrs. 9 y 10. Disponible
en su versión en inglés en: http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/docs/A‐65‐223.pdf.