Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

64
gubernamentales orientados a la vigilancia, denuncia y promoción de los derechos
humanos 309 .
155. El pleno goce de la libertad de asociación, de conformidad con los
deberes de respeto y garantía de los derechos humanos, implica que el Estado cumpla con
obligaciones tanto de carácter negativo como positivo 310 . Estos deberes no deben limitarse
a la formación de la organización, sino extenderse a posibilitar el ejercicio de los fines para
los cuales se constituyó. Tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos,
la protección que se concede a la libertad de asociación debe extenderse durante toda la
vida de la asociación 311 .
156. Por un lado, la garantía del derecho de asociarse libremente con otras
personas implica que las autoridades públicas no limiten o entorpezcan su ejercicio; en
consecuencia, siempre que la finalidad de la asociación sea lícita, el Estado deberá
permitirlo sin presiones o intromisiones que pudieran alterar o desnaturalizar su
finalidad 312 . Cuando un Estado obstaculiza este derecho por cualquier medio incompatible
con los estándares internacionales, no sólo restringe la libertad de asociación de las
defensoras y defensores, sino también obstruye su labor en la promoción y defensa de los
derechos humanos 313 y, consecuentemente, el libre ejercicio del derecho a defender los
derechos.
157. Por otro lado, el libre y pleno ejercicio de la libertad de asociación impone
a los Estados el deber de crear condiciones legales y fácticas en las cuales puedan las
defensoras y defensores desarrollar libremente su función 314 ; prevenir los atentados contra
de esta libertad así como proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha
libertad 315 . Estas obligaciones positivas deben adoptarse, incluso, en la esfera de relaciones
entre particulares, si el caso así lo amerita 316 .
158. De conformidad con los estándares del sistema interamericano, la
libertad de asociación tiene dos dimensiones, una individual y otra social 317 . En su
309
Corte I.D.H., Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de
abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 146.
310
Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 76.
311
ECHR, United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, núm. 19392/92, párr. 33.
312
Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C
No. 72, párr. 156; Caso Kawas Fernandéz Vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196,
párr. 143.
313 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 69.
párr. 146.
párrs. 69‐72.
314 Corte I.D.H., Caso Kawas Fernandéz Vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196,
315
Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 76.
316
Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 76.
317
Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121,