Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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c. Implementación en los Estados de las medidas de protección dictadas
por los órganos del sistema interamericano
438. Las medidas cautelares tienen un carácter obligatorio para los Estados,
que se sustenta en la obligación general de garantizar los derechos y de adoptar medidas
para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención Americana y la Carta de la OEA. Dicho carácter también se deriva de la
competencia conferida a la CIDH para velar por el cumplimiento de los compromisos
asumidos por los Estados en los artículos 33 y 41 de la Convención Americana 970 . La Corte
Interamericana ha señalado al respecto que “el fin último de la Convención Americana es la
protección eficaz de los derechos humanos y, en cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de la misma, los Estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto
útil (effet utile), lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones
emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte” 971 . La Comisión
reitera, en coincidencia con lo señalado por la Corte para el caso de las medidas
provisionales, que al solicitarse las medidas cautelares existe “un deber especial de
protección de los beneficiarios de las medidas, mientras se encuentren vigentes, y su
incumplimiento puede generar la responsabilidad del Estado” 972 .
439. En consonancia con lo anterior, los Estados deben crear sistemas de
implementación de las medidas de protección solicitadas por los órganos del sistema
interamericano que permitan su instrumentación de manera diligente y efectiva. A tales
fines, uno de los principios torales que debe regir la implementación de las medidas de
protección es que éstas se planifiquen y se apliquen con la participación de los
beneficiarios y sus representantes 973 . Los Estados deben garantizar este derecho de los
beneficiarios de medidas cautelares y los beneficiarios y sus representantes deben prestar
toda la colaboración que sea necesaria para propiciar su efectiva implementación 974 .
440. En términos generales los Estados de la región han adecuado sus
estructuras internas de diversas maneras a fin de dar cumplimiento a las solicitudes de
protección emanadas de la Comisión y la Corte Interamericana, si bien un aspecto
970
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 241.
971
Corte I.D.H., Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto Argentina, Resolución de 22 de
noviembre de 2004, resolutivo 16.
972
Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes respecto Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de 8 de
julio de 2009, considerando nonagésimo; Cfr. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 70; Caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C
No. 94, párrs. 196 a 200.
973
CorteIDH, Asunto Alvarado Reyes y otros. Medidas provisionales respecto de México. Resolución de
la Corte de 1 de abril de 2010, Considerando décimo cuarto.
974
Corte I.D.H., Asunto Alvarado Reyes y otros. Medidas provisionales respecto de México. Resolución
de la Corte de 1 de abril de 2010, Considerando décimo cuarto; Caso de la Masacre de Mapiripán. Medidas
Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte de 2 de septiembre de 2010, Considerando vigésimo.