Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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los beneficiarios pueden elegirse las medidas de protección que sean adecuadas al nivel de
riesgo que atraviesa y a las necesidades específicas de su trabajo.
524. Para la Comisión resulta esencial que las medidas de protección que se
implementen permitan al defensor o la defensora continuar en ejercicio de sus labores. En
este sentido, por ejemplo, tratándose del ejercicio periodístico, la Corte ha indicado que es
necesario que “la modalidad y la cobertura de dicha protección responda a los
requerimientos de las circunstancias y se adecuen en la medida de lo posible a las
necesidades requeridas para proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión
de los beneficiarios y a las situaciones concretas que se presenten” 1068 . Asimismo,
tratándose de defensoras lideresas comunitarias, la Corte ha ordenado al Estado brindar a
las beneficiarias protección durante sus desplazamientos y traslados dentro y fuera de la
zona en la que residen 1069 . Para que las medidas de protección sean idóneas deben
corresponder a las necesidades del trabajo del sujeto protegido y deben poder ser
modificadas con base en la variación en la intensidad de riesgo que ameriten las
actividades de defensa y promoción de derechos humanos en distintos períodos,
especialmente, deben ser fortalecidas cuando el o la defensora esté en una etapa crítica
para la defensa de sus causas.
525. Asimismo, como garantía de la idóneidad y efectividad de las medidas
resulta esencial que las personas que intervienen en la protección a defensoras y
defensores (como lo son quienes participan en las escoltas personales, patrullajes o
quienes realicen actividades de seguridad en las sedes de las organizaciones) cuenten con
la capacitación y entrenamiento necesarios para desempeñar sus funciones. La CIDH
considera fundamental que el personal que participa en esquemas de seguridad genere
confianza en los beneficiarios de la protección. Al respecto, la Corte ha subrayado que las
medidas de protección no deben ser brindadas por los funcionarios de seguridad que,
según los beneficiarios, estarían involucrados en los hechos denunciados, de modo que la
designación de los mismos debe hacerse con la participación de los beneficiarios 1070 .
526. Respecto a quienes conforman los esquemas de protección, según lo ha
señalado la Comisión, la privatización de las funciones de seguridad tiene como
consecuencia que ésta se desvincule de la noción de derechos humanos, cuya defensa,
protección y garantía competen al Estado 1071 . La Comisión considera que es recomendable
que para el programa de protección los Estados dispongan de un cuerpo de seguridad
estatal que sea separado del que ejerce las actividades de inteligencia y contrainteligencia;
cuyo personal encargado de la protección sea seleccionado, incorporado, capacitado y
entrenado con absoluta transparencia y con la participación de los representantes de la
1068
Corte I.D.H., Asunto de la Emisora de Televisión “Globovisión”. Medidas Provisionales respecto de
Venezuela. Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2007, considerando décimo primero.
1069
Corte I.D.H., Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia.
Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2010, Resolutivo quincuagésimo séptimo.
1070
Corte I.D.H, Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución
de la Corte de 4 de marzo de 2011, Resolutivo tercero.
1071
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 70.