Participación, gestión y equidad en los procesos - Grupo de Análisis ...

de eficiencia financiera y reducción del gasto público en el nivel central, y así contribuir alas metas políticas gubernamentales del momento, mientras que el segundo estaría másenfocado, al menos en el discurso, a la democratización del sistema educativo mediante ladelegación de facultades de decisión pedagógica en manos de las comunidades educativaslocales.En principio, estas dos lógicas no se encuentran necesariamente en conflicto, pero en lapráctica hacen que las decisiones técnicas y las decisiones políticas rara vez caminen por lamisma senda, con el resultado casi indefectible de que los actores locales reciban mensajesambiguos o contradictorios, con la consiguiente sensación de frustración que genera elsaber que los esfuerzos por “reformar” resultan, una vez más, estériles. Para ejemplificar lasituación anterior basta contrastar los efusivos discursos sobre la autonomía escolar,parcialmente lograda en términos de decisión pedagógica-curricular, con la inexistencia derecursos financieros descentralizados, lo cual restringe fuertemente, y en muchos casosaborta, el proceso de consolidación de la gestión autónoma de la educación. Para cualquieractor educativo local, cabría preguntarse cuál es el sentido de decidir sobre contenidos ymetodologías que no será posible implementar. O bien, por qué preocuparse por ofreceroportunidades de aprendizaje que necesitarían de mayor cantidad de recursos que losdisponibles. En este tipo de contexto, las oportunidades de aprendizaje que se ofrecendependen más de la percepción local sobre las posibilidades de implementación que de laresponsabilidad colectiva por lograr las metas curriculares oficiales.Las experiencias de descentralización de la gestión educativa llevadas a cabo en AméricaLatina hasta el presente muestran diferentes niveles de “éxito” 4 , o alcance, dependiendobásicamente de las capacidades de los gobiernos centrales para asumir los costos políticosde los emprendimientos, así como de sus capacidades para reorganizar en forma efectiva lasestructuras y las funciones que han de cumplir los diferentes actores del sistema bajo elnuevo modelo. En el contexto regional, con Estados históricamente centralizados pero a suvez débiles y fragmentados (Rowan & Miskel, 1999; Astiz et al, 2002; Filmus; 2002), losintentos de reforma orientados hacia la descentralización de la gestión han mostrado sersumamente débiles al no poder establecer y transmitir a la población un mensaje claro sobrelas metas que se busca alcanzar mediante la descentralización, ni tampoco sobre losbeneficios que el nuevo esquema de gestión puede reportar a los actores involucrados. Seconsidera, más bien, que las intenciones son en muchos casos ambiguas y volátiles, y quepor lo tanto no tienen la fuerza suficiente para sostener y ganar la batalla política que todocambio estructural de magnitud suele generar.Especialmente en el caso de las reformas orientadas hacia el mejoramiento de la calidad,como ha sido el caso de las reformas educativas latinoamericanas a fines del siglo XX, seconsidera que los obstáculos políticos se explican por la existencia de un modelo dedescentralización que genera costos concentrados, es decir que afecta a ciertos gruposespecíficos de actores, a la vez que genera beneficios demasiado dispersos, es decir para4 En el sentido estrictamente político, se entiende por éxito la instalación de una determinada línea de acciónen la agenda de gobierno que pueda sobreponerse a las fuerzas de la oposición y de la resistencia de losgrupos más directamente afectados (Corrales, 1999). Más adelante se retomará el término con un sentidodiferente: el de logro de las metas programáticas propuestas.7