Participación, gestión y equidad en los procesos - Grupo de Análisis ...

muchos países de la Región. Las escuelas colombianas hacen uso de uno o varios de losreferentes mencionados, encuentran generalmente complementariedad entre ellos, y las másinnovadoras toman lo mejor de cada uno para hacer diseños institucionales más creativos.Consulta y validación profesional y social de los contenidosTodo el proceso de renovación de contenidos curriculares a principios de los noventaestuvo enmarcado en un contexto de importantes reformas políticas, por lo cual resultadifícil distinguir entre participación ciudadana en general y la participación específica quese dio en relación a los contenidos de la educación pública. La proclamación de la nuevaConstitución Política nacional en 1991, y poco después la erogación de la Ley General deEducación, fueron la culminación de largos procesos de participación ciudadana y dereivindicación de derechos largamente demandados. En relación con la educación, esasdemandas tenían que ver fundamentalmente con la legislación sobre la autonomía de lasescuelas y, más específicamente, con la autonomía para definir el currículo local einstitucionalmente al nivel de las escuelas. Podría caracterizarse al proceso como decontenido fuertemente político, demostrado en innumerables documentos, manifestacionesy proclamaciones públicas, pero escasamente técnico en términos de la discusiónacadémica y disciplinar de los contenidos.La discusión técnica se dio mediante la participación de grupos expertos, representando adiferentes instituciones académicas, pero no en forma sistemática a modo de consulta oencuesta estructurada. Gran parte de las instancias de discusión, por ejemplo, se realizó conel estímulo de la comisión de educación de la Asamblea Nacional Constituyente, pero nopor convocatoria ni con el liderazgo de expertos educacionales del Ministerio de Educaciónni de otra agencia especializada. El resultado de este proceso fue un marco curricular muyamplio, con definiciones generales sobre los objetivos de las diferentes áreas curriculares,pero con pocas orientaciones o prescripciones respecto a los contenidos específicos de cadauna de esas áreas. El efecto de la participación popular y profesional sobre el contenido delcurrículo se manifiesta entonces, no en los contenidos disciplinares mismos 73 , sino en eltipo de organización de la gestión curricular que se propone para las escuelas, y que secaracteriza por reglamentar todas las instancias posibles de participación docente, familiar ycomunitaria al momento de elaborar el Proyecto Educativo Institucional 74 .Durante la renovación curricular de los noventa no se llevaron a cabo proyectos piloto ni aescala para validar los nuevos contenidos. Quizás el hecho de que la renovación habíacomenzado en los años ochenta mediante ajustes y disposiciones varias que fueronflexibilizando la gestión curricular y actualizando los contenidos, condujo a pensar que lacomunidad educativa estaba lo suficientemente madura como para asimilar e implementar73 Una de las pocas excepciones fue el caso de la educación religiosa, donde tuvo mayor protagonismo laIglesia Católica, pero incluso en esta instancia la discusión giró más en torno a la obligatoriedad de laasignatura que a sus contenidos.74 Otra medida política que signó la década fue la erogación de una ley sobre la tutela, un instrumento judicialque permite a los individuos interponer demandas, sin mediación de abogados, en defensa de sus derechosfundamentales. Se han dado muchos casos de tutelas en educación, especialmente en casos de discriminación,pero no se han utilizado para situaciones relacionadas con la selección, implementación o evaluación decontenidos educativos.85