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de congestión no logran alterar el balance que cada quien hace en su fuerointerno, el que arroja una clara ventaja en favor del uso del automóvil,aunque exista un medio público alternativo sobre el mismo corredor queopere sobre vías independientes no congestionadas. Desde una perspectivaindividual, la congestión es un problema molesto, pero de un costo inferiora quedar a pie.Es evidente que, debido a las ventajas que representa el automóvil, losusuarios tienen disposición a tolerar un determinado nivel, aún no dilucidado,de congestión. Así que no es necesario ni tampoco posible eliminarla del todo,sino mantenerla bajo control; no sea que por intentarlo, se incurra en costosmayores que los ocasionados por la congestión misma.1822. Comenzar con medidas sobre la ofertaLas medidas sobre la oferta, que no involucren expansión del espacio vialen zonas urbanas consolidadas, son generalmente bienvenidas, puesrepresentan aumentos de capacidad de transporte y muchas veces no tienencosto directo para los usuarios. Aún está por verse en América Latina cómose reaccionará ante una facilidad por la que se cobre, como es el caso deautopistas urbanas concesionadas, y si los inversionistas podrán recuperarla inversión.Se da por subentendido y así se aduce con frecuencia, que es deber delas autoridades proporcionar siempre más y mejor infraestructura vial, envirtud de los impuestos pagados por los usuarios. La argumentación escomprensible, pues las autoridades tienen la obligación de administrarapropiadamente los recursos y perseguir el bien común, lo que incluyeenfrentar la congestión. Sin embargo, no es lógico hacerlo sólo mediantemás y más vías, puesto que ello no resuelve de manera eficiente, estable yambientalmente sostenible los problemas observados. Es más, una ampliaconstrucción de pasos a desnivel y autopistas urbanas puede llegar a sercontraproducente en el mediano o largo plazo y agravar la congestión. Deahí la importancia de considerar el impacto urbano y social asociado a lasacciones sobre la infraestructura. No menos importante es que también laciudadanía y los automovilistas lo entiendan así.Por otra parte, las autoridades deben cautelar otros aspectos quetambién contribuyen al bien común, como es el desarrollo urbano dentro decánones de elevada calidad de vida. Entre otras cosas, ello implica asegurarlos espacios para peatones y paseantes, y preservar el patrimonioarquitectónico. También deben priorizar debidamente los gastos, lo que enúltima instancia desaconseja una ampliación interminable de la red vial, queen zonas urbanas consolidadas puede ser muy complicado y oneroso dehacer, a la vez que promueve un deterioro urbanístico del sector intervenido,aunque favorezca con la nueva infraestructura de transporte a otras áreasmás alejadas.