AÑOS

Memoria DEL II Seminario BOLIVIA POST constituyENTE 107
cional, si planifica cualquier obra, como una carretera o una fábrica de pilas en
Uyuni, o cualquier decisión administrativa.
Pero no sólo eso, el plantear mecanismos de participación también significa que
debe haber participación de los pueblos en las instituciones que deciden políticas
que los afectarán. La propia Constitución establece el principio de paridad
en la representación de autoridades de la jurisdicción indígena y plurinacional
u ordinaria. Además, la Declaración y el Convenio indican situaciones en las
que no basta la consulta o la participación, sino que debe haber el consentimiento
de los pueblos para que el Estado tome decisiones.
El Convenio 169 prescribe dos situaciones en las que el consentimiento es requisito
para una decisión estatal: en el caso de traslados poblacionales debe
haber un consentimiento previo, libre e informado o una ley con un procedimiento
que así lo indique, y cuando se van a tomar medidas especiales. En
el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas se
necesita el consentimiento de los pueblos en caso de traslados poblacionales,
cuando van a realizarse actividades militares en su territorio o se dejarán allí
desechos tóxicos. La Corte Interamericana ha desarrollado jurisprudencia en
esta materia y ha dicho: Cuando se trata de megaproyectos que van afectar sustantivamente
la vida o las condiciones de vida de los pueblos —por ejemplo,
una hidroeléctrica, explotaciones mineras, gasíferas o petroleras, o cualquier
megaproyecto—, el Estado está obligado a obtener el consentimiento previo, libre
e informado del pueblo involucrado. Mientras tanto, no puede hacer nada.
Esta es una obligación muy grande para los Estados y, a mi juicio, genera una
serie de tensiones en la actualidad que, tal vez, ponen en riesgo los derechos de
consulta, participación y consentimiento.
Incumplimiento
por “tensiones
estructurales”
Ante el modelo del buen vivir y de protección de la Pachamama y el medio
ambiente tenemos un modelo de desarrollo extractivista que lo justifican por
la necesidad de fondos públicos. Por un lado, el gobierno va a las Naciones
Unidas y pide que se declare el día de la madre naturaleza, habla sobre el derecho
al agua y al buen vivir en el foro alternativo [Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra], pero,
por otro lado, plantea hacer pilas en Uyuni porque necesita circulante. Esto denota
una tensión estructural. No sé si aquí hay alguna alternativa, pero algunos
proponen opciones verdes, de ingresos por servicios ambientales, mientras se
construye realmente una alternativa civilizatoria.
En la mañana, el experto en bosques [José Martínez] decía que se necesitan por
lo menos 40 años para tener un modelo sostenible de economía con base en
las actividades forestales. Entonces, tomará décadas cambiar el modelo civilizatorio.
Mientras tanto, habrá tensión porque el gobierno no querrá consultar
alegando “me van a decir que no, y yo necesito el dinero”.
Otra tensión estructural se genera por la petición de que las leyes sean rápidas.
La Constitución de Ecuador fijó la aprobación de leyes en seis meses o en un
año, lo que hace imposible tener consultas en ese plazo. En mi opinión, debe
asumirse que la construcción del Estado es de mediano y largo plazo, y no sólo
hay que pensar en las próximas elecciones, o en función de los tiempos de la
cooperación internacional, que tiene metas y agendas de corto plazo como los
partidos políticos. Hay que pensar, más bien, en la construcción de Estados que
están revirtiendo el modelo procedente del hecho colonial.