AÑOS

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FUNDACIÓN TIERRA
Problemas en Itikaguasu
y la TCO Mosetén
En la aplicación del derecho a la consulta para actividades hidrocarburíferas,
lastimosamente, no todo es color de rosa. Algunas capitanías del pueblo
guaraní, como la de Itikaguasu, de la APG Tarija, y la TCO Mosetén, de la
Cpilap, han denunciado incumplimiento de ese derecho. Han manifestado
que los personeros enviados se han limitado a hacer una reunión, informar
y responder algunas preguntas. Luego se firma un registro y ya estaría hecha
la consulta.
En la APG Itikaguasu se desarrollan actividades de exploración, explotación
y transporte de gas y petróleo por la empresa Repsol YPF. Entre 2007 y 2010,
al menos 20 licencias de operación han sido aprobadas dentro de la TCO,
pero en ningún caso se cumplió con el derecho a la consulta. La vicepresidenta
de la APG Tarija, Judith Cuarto, dijo [en el sitio web del Cidob]: “Las
empresas petroleras están entrando sin consulta, sin respeto a nuestros hermanos
realizando la explotación de los recursos naturales sin previo aviso a
las organizaciones”.
Según medios de prensa, en el norte de La Paz, solamente se ha consultado a algunas
organizaciones de colonizadores y no así a los propios vivientes y afectados
de la TCO. Lorenzo Paredes, de la Cpilap, dijo lo siguiente: “El derecho a la
consulta al pueblo mosetén está siendo vulnerado. Desde el año pasado (2009)
y luego de haber comenzado la operación sísmica para iniciar la actividad hidrocarburífera,
el Ministerio de Hidrocarburos obtuvo el aval de los hermanos
interculturales en dos días” La empresa Petroandina SAM hizo prospección
petrolera en el bloque Lliquimuni sin un proceso de consulta adecuado y sin
respetar la estructura orgánica.
El gobierno tiene urgencia en proceder con actividades exploración y explotación
afectando los derechos de los pueblos indígena originarios. Manifiesta a
diario que es prioritario explotar estos recursos, que son propiedad del Estado.
Algún ministro de nuestro actual gobierno ha manifestado que el derecho a la
consulta entorpece la explotación de recursos que Bolivia necesita a como dé
lugar. En algunos casos, cuando se denuncia el incumplimiento de esta obligación
del Estado, hay cuestionamiento y persecución; incluso, a algunas ONG
que trabajan con pueblos indígenas las vinculan con Usaid [Agencia de cooperación
de EEUU].
No hay consulta en
minería
Con relación a la minería, y esto lo han vivido nuestros hermanos del Conamaq,
no hay procedimiento de consulta específico para esa actividad. Sin embargo,
el artículo 15 del Código de Minería (Ley 1777, de 1997) reconoce que
los derechos del Convenio 169 (adoptado por el país a través de la Ley 1257) se
pueden adaptar a la actividad minera*.
Florencio Vargas, representante del Jach’a Suyu Pakajaqi, dijo: “Los conflictos
no son recientes, ya que la minería ha explotado donde ha querido dejando
lugares secos [y] donde ya no se puede ni sembrar, no se puede producir”. Efectivamente,
la minería tiene fuerte impacto en el medio ambiente. El Conamaq
manifiesta que aparte de los problemas de contaminación, hay acaparamiento
* El mencionado artículo dice lo siguiente: “Los preceptos del artículo 171 de la Constitución
Política del Estado y las disposiciones pertinentes del convenio No 169 de la Organización
Internacional del Trabajo ratificado por Ley No 1257 de 11 de julio de 1991 son aplicables al
sector minero”. (N. del E.).