AÑOS

Memoria DEL II Seminario BOLIVIA POST constituyENTE 247
La finalidad de la jurisdicción indígena es el vivir bien, manteniendo la armonía,
el equilibrio y la complementariedad, que van más allá de un concepto de
acceso a la justicia o de justicia social. La norma también plantea la relación
con el entorno, no sólo como una preocupación por las personas, como el derecho
occidental antropocéntrico, sino que va mucho más allá: al entorno, al
equilibrio y a la vida. Por eso la justicia indígena y los pueblos indígenas son y
representan la cultura de la vida.
Otro principio, y que es la base esencial del Estado Plurinacional comunitario,
es la diversidad cultural. Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas
deben respetar las diferentes identidades culturales, la interpretación
intercultural, el pluralismo jurídico igualitario, la complementariedad y la reciprocidad.
La norma también señala que las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente
se complementan brindándose asistencia y garantizando el cumplimiento de
los mecanismos de coordinación y cooperación.
En relación con la interculturalidad jurídica, “las diferentes jurisdicciones
deben adoptar prácticas de convivencia pacífica, con el fin de resolver los
conflictos que se presenten en el marco del pluralismo jurídico igualitario”.
El anteproyecto también destaca la autonomía jurisdiccional, la equidad, la
igualdad de género, la igualdad de oportunidades y la prohibición de discriminación.
No es necesario que sea
una autonomía indígena
originario campesina
A partir del artículo 5, se desarrollan las definiciones que acompañan a la aplicación
de la jurisdicción indígena, entre éstas, la función judicial: es única, emana
del pueblo boliviano y es ejercida por las distintas jurisdicciones.
Otros conceptos explican el deslinde jurisdiccional a las naciones y pueblos indígenas,
y a los territorios indígena originario campesinos. Me quiero detener
en el punto que hace mención a que “para efectos de aplicación de la presente
Ley, el territorio es el espacio y entorno que las naciones y pueblos indígena
originario campesinos poseen, ocupan o utilizan de otra manera independientemente
de la formalización o no de éstos en autonomías indígenas o cualquier
otro tipo de unidad territorial”.
El anteproyecto de ley reconoce las normas y procedimientos propios de las
naciones y pueblos indígenas, y a las autoridades de la jurisdicción indígena.
En el punto G, puntualiza que sus autoridades son “responsables de administrar
justicia, de manera individual o colectiva, legítimamente constituidas de
acuerdo a su derecho propio”.
También se le reconoce a la jurisdicción indígena su integralidad, porque conoce
y resuelve todo tipo de conflictos regulados por las naciones y pueblos
indígenas y “se concibe como un todo de acuerdo a su cosmovisión, sin que se
divida necesariamente por materias; y es colectiva porque mediante el ejercicio
de la justicia toda la comunidad busca su equilibrio y armonía”.
Por último, la jurisdicción indígena se asienta en la política de la descolonización,
tal cual establece el mandato del artículo 9 de la Constitución, como fin
del Estado Plurinacional. Para nosotros significa la revalorización, reconstitución,
fortalecimiento del derecho propio y reencuentro de saberes ancestrales.