AÑOS

Memoria DEL II Seminario BOLIVIA POST constituyENTE 245
- Camiri - Caraparí
- Tarata - Tomachi
- Tupiza - Sinahota
- Sacaca - Inquisivi
- Monteagudo - Tarabuco
- Tocaña - Quime
- Kara Kara - Chayanta
- Chapare - Tinquipaya
- Centrales Unidas Mosa - Colquiri
- Porvenir - Primero de Mayo
- Conquista - El Palmar
Paralelamente, se desarrollaron reuniones con el comité impulsor con el propósito
de evaluar el procedimiento utilizado por el Viceministerio. La participación
en estos escenarios de consulta y de evaluación fue plena. Los participantes
sugirieron modificaciones al anteproyecto de ley.
Los foros trabajaron con cuatro ejes: transmisión de información en idioma originario;
guías metodológicas pertinentes para recoger criterios y aportes de los
participantes; análisis de los temas derivados de las preguntas de los asistentes;
y, por último, la firma de un acta de acuerdo y consentimiento entre el Estado,
representado por el Viceministerio, y los pueblos indígenas.
Sistematización y
consulta con otros
sectores
La siguiente etapa del proceso de consulta fue la sistematización de la información
con el objetivo de mejorar y fortalecer el anteproyecto de ley con las
propuestas y observaciones presentadas por los participantes, y añadir las propuestas
de otros actores relacionados con el asunto.
En la cuarta etapa conformamos una mesa técnica núcleo, que contó con representantes
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Bolivia, la Defensoría del Pueblo, técnicos de la comisión de Pueblos
Indígenas de la Cámara de Senadores y Diputados. Se asignó a estas personas
la misión de incluir en el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional toda
la información recogida en los procesos de consulta.
La quinta etapa consistió en la información a otros sectores e incluyó la realización
de mesas de trabajo con el Órgano Judicial y la Fiscalía General. Este
proceso concluyó con la firma del “convenio y declaración de Sucre”, que contó
con la presencia de autoridades indígenas, autoridades de la jurisdicción indígena
y más de 120 jueces y fiscales, quienes demostraron que es posible concebir
la coexistencia jurisdiccional—indígena, ordinaria y agroambiental— en
favor de la armonía y la paz social.
A nivel nacional, se extendió la consulta a mujeres representantes de los pueblos
indígenas, a instituciones defensoras de los derechos de las personas y
adultos mayores, organizaciones defensoras de los derechos de las personas
con discapacidades o capacidades especiales, instituciones de defensa de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, colegios de abogados y