AÑOS

108
FUNDACIÓN TIERRA
La tentación autoritaria
Descolonización de la
gestión institucional
Yo creo que hay un gran avance en Bolivia. Por eso me gusta venir acá; se siente
la diferencia y un espíritu de cambio con nuevas experiencias de participación
y de construcción de diálogos interculturales. ¿Qué riesgos enfrenta ello? Que
haya una tensión de regresión a modelos autoritarios de gobierno y Estado.
Muchas veces se dice que no se puede cambiar una determinada ley porque
debilitaría al gobierno. Ese modelo está totalmente en contra de la idea del
diálogo, la participación y el consentimiento, y en contra de la aceptación de
que todas las culturas son incompletas, como dijo [Boaventura de] Sousa Santos.
Todos tenemos que entrar en diálogo y ceder para cumplir con el principio
constitucional de la interculturalidad.
Además, necesitamos descolonizar los modelos de gestión institucional. Todos
los aparatos públicos necesitan establecer modelos de gestión que incluyan
formas de participación, consulta y consentimiento. O sea, no solamente debe
haber una ley o una consulta puntual, sino que toda la gestión pública debe
pensar que su institucionalidad ha de ser paritaria y plurinacional (con procedimientos
en idiomas indígenas). Hay un cambio en la cultura jurídica, tiene
que haber un cambio en los modelos de relación política. Son grandes retos,
pero creo que todos portamos el entusiasmo de que vamos hacia ellos, aún a
pesar de las dificultades y tensiones.
Comparación entre los derechos de participación, consulta previa y
consentimiento
Concepto
Objetivo
¿Cómo?
Participación Consulta previa Consentimiento libre, previo e informado
Por este derecho los pueblos intervienen
en todas las fases del
ciclo de elaboración, aplicación o
evaluación de planes, políticas y
programas de desarrollo nacional
o regional que los puedan afectar.
Que con la participación se asegure
que las políticas, programas o
proyectos a ser adoptados por el
Estado estén plasmadas las prioridades
de desarrollo de los pueblos
y que no se afecte su integridad.
Los PI participan:
-Con cupos permanentes (en entidades
electivas como el Congreso,
o administrativas);
-Con representantes permanentes;
-De modo puntual si el Estado va a
tomar alguna medida.
Por este derecho el Estado está
obligado a entablar procesos de
diálogo de buena fe con los pueblos
indígenas antes de adoptar
medidas administrativas o legislativas
concretas que los puedan
afectar.
Obtener el consentimiento del PI*
o llegar a un acuerdo.
(Si se llega a un acuerdo, el Estado
queda vinculado. Si no, el Estado
debe justificar su decisión y no
afectar la integridad del PI).
El Estado consulta a organizaciones
representativas del PI, con
buena fe, brindando información
previa y suficiente y con procedimientos
adecuados (en idiomas
que comprendan los PI).
No hay buena fe si el Estado ya
adoptó una decisión antes de la
consulta.
Por este derecho, el Estado no sólo está
obligado a hacer una consulta o garantizar
la participación indígena en caso de políticas,
planes, programas o medidas, sino
que, dado el derecho en juego (existencia,
integridad), no puede adoptar una decisión
sin el expreso consentimiento de los pueblos.
Garantizar los derechos fundamentales de
los PI que puedan verse afectados por una
política, proyecto o actividad.
(Casos: traslados territoriales, actividades
militares, megaproyectos que afecten la integridad
de pueblos.
El Estado, por la materia en cuestión —actividades
que puedan afectar derechos
fundamentales del PI—, debe informar con
anticipación de beneficios y riesgos, y pedir
expresamente el consentimiento libre. Sin
consentimiento, el Estado no puede adoptar
ningún acto o medida.