AÑOS

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FUNDACIÓN TIERRA
Pero la Constitución no sólo se refiere a ésos; su artículo 30, párrafo 15 les otorga
a los pueblos indígenas el derecho a “ser consultados mediante procedimientos
apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.
En este momento, para el Estado boliviano [la consulta] es convocar a un evento
en el pueblo y dar, como ahora, un refrigerio. Dan de comer y algunas veces
de beber, y hacen firmar. Eso es la consulta para ellos. Más adelante vamos a
explicar en qué caso lo han hecho.
La consulta apropiada
Al hablar de consulta a los pueblos indígenas a través de sus “propias instituciones
representativas” entendemos que eso se hace respetando a las autoridades
originarias y a las instancias de decisión, con sus procedimientos propios
y su estructura orgánica. La estructura orgánica en las tierras altas es el ayllu,
la marka y el suyu. Esa es su representatividad para la consulta de gobierno a
gobierno.
Sobre los “procedimientos apropiados”: se respetan las normas del pueblo y
no se inventan procesos en reuniones y actos políticos. La instancia máxima
en un ayllu es el tantachawi, el cabildo, jatun cabildo, etcétera. La instancia de
decisión es una reunión general; es de consenso y no entra a votación.
Eso no ocurre ahora porque cuando planteamos consulta el Estado dice: ¡Ah,
éste reclama, éste quiere plata! Textualmente, el Estado dijo: Los pueblos que
han pedido consulta en tierras bajas en zonas petrolíferas quieren plata, quieren
prebenda. Eso está en los medios de comunicación. La consulta no es así,
sino que se hace respetando la estructura y procedimientos propios.
Si bien la Constitución no habla del consentimiento, este derecho es aplicable
porque las normas internacionales son de carácter supralegal.
La consulta no tiene un fin en sí mismo, sino que ayuda a fortalecer otros derechos.
Nuevamente vamos al ejemplo de la consulta como un acto político.
Nos llaman y nos dicen: estén de acuerdo con el desarrollo y va a haber plata.
Nos sorprenden en nuestra buena fe y decimos ya. Frente a eso, el Conamaq
considera que hay varios elementos que debería tener una consulta: respetar la
madre tierra, preservar la naturaleza, la biodiversidad y el territorio. Aún más,
en el artículo 30 de la Constitución, donde se mencionan los derechos de los
pueblos indígenas, ordena la participación en los beneficios de la explotación
de los recursos naturales en sus territorios. Si estuviera aquí un ministro diría:
La minería, los hidrocarburos dan plata, y ahí están [para su distribución] la
alcaldía, la prefectura, el Estado nacional. Pero aquí se habla de participación
de los beneficios en forma directa.
Los acuerdos, además, deberían ser vinculantes porque estarían pactados entre
el Estado y nosotros.
Mediante la consulta se discute sobre el autogobierno de los pueblos indígenas.
Nosotros, como autogobierno, sabemos cómo explotar los recursos, cómo
queremos manejar el dinero. Queremos el autogobierno que nos reconoce la
Constitución con la libre determinación para definir nuestra condición política
y perseguir nuestro desarrollo social.