AÑOS

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FUNDACIÓN TIERRA
¿Qué pasa con los
límites entre ayllus o
markas como el caso de
qaqachaqas y laymes?,
¿no derivará en un
conflicto?
La competencia personal
indígena actúa sobre
los no indígenas en
su territorio, ¿cómo
vamos a conocer sus
derechos para acatarlos,
si no hablamos sus
lenguas, no conocemos
sus culturas ni sus
ordenamientos
jurídicos? Al pasar por
sus territorios estaremos
indefensos.
El anterior anteproyecto de ley establecía la creación de consejos de administración
de justicia. Los pueblos indígenas evaluaron ese artículo y dijeron que no
podían crearse instancias paralelas, cuando ya hay una estructura orgánica de
administración de justicia. El sindicato, el subcentral y la central participan en
una deliberación plena sobre casos específicos. Por eso, el anteproyecto de ley
dice que esos conflictos deberán ser resueltos por las propias instancias. En los
antecedentes de la norma consensuada se destaca la autonomía jurisdiccional y
la libre determinación. Estamos en tiempos de gobernarnos a nosotros mismos,
pero con leyes hechas por nosotros mismos.
Sobre eso nos dio la clave el doctor Luis Arratia. Cuando se produzca un daño
en la comunidad y se altere el orden y el equilibro de la colectividad, el acusado
será juzgado por las autoridades de la propia jurisdicción, y ese es un mandato
no inventado por el anteproyecto, es un mandato constitucional. Estamos
hablando de igualdad de jerarquía, de mecanismos de coordinación y cooperación.
En resumen, son actos de descolonización.
Ese encuentro, ese diálogo entre saberes, es lo que marca la política de descolonización:
cómo se dilucida el castigo con chicotazos en la justicia indígena
versus la concepción de tortura bajo la óptica de los derechos humanos. La
jurisdicción indígena va mucho más allá. No sólo se preocupa por las personas,
sino también por el entorno y el equilibrio de esa conexión entre hombre
y naturaleza; vamos mucho más allá de una sanción definida por los derechos
humanos.
La pena social en la comunidad va mucho más allá de tipificar la sanción como
una violación a los derechos humanos; la pena social busca la reinserción en la
comunidad de quien comete el error para restaurar el equilibrio y el orden en
la colectividad; eso busca la jurisdicción indígena.
El anteproyecto de ley establece en su marco de principios la interpretación
intercultural en el momento del juzgamiento. Puede ser que el mundo
guaraní cometa un error en una jurisdicción aymara; mecanismos de conectividad
se verán en el diálogo intercultural para establecer una sanción
armónica.
¿Dónde queda el principio
de la descolonización
si muchos de los
pueblos olvidaron
completamente sus
propios usos y costumbres
y administración de
justicia?
Estamos en el tiempo del reencuentro, recuperación de saberes, redefinición
y reconstitución. No significa volver al pasado, es repensar, reencontrarnos y
definirnos.
El artículo 9 de la Constitución es claro, el Estado Plurinacional promueve la
política de la descolonización, como sustento material y real de la jurisdicción
indígena. El anteproyecto de ley es un instrumento de ese objetivo. Entre diferentes
podemos coexistir y encontrar ese mecanismo de armonía para lograr la
convivencia, el orden, el equilibrio y, para el otro contexto, la paz social.