AÑOS

Memoria DEL II Seminario BOLIVIA POST constituyENTE 213
un año, mientras que en municipios que no son de usos y costumbres la ley
establece tres años. Hay, cada vez más, convergencia hacia la ley del estado: los
cargueros alternan un año y medio con otra persona durante la gestión de tres
años u ocupan sus funciones durante todo ese tiempo.
Quién puede participar
Algo crucial y fundamental de la democracia comunitaria y que va a ser un
tema de discusión en Bolivia, si no lo es ya, es la definición de quién puede
realmente ser acreditado como ciudadano en la democracia comunitaria, quién
puede participar en las deliberaciones y quién puede asistir a las asambleas
con voz y voto, porque se puede estar presente pero no necesariamente tener la
posibilidad de deliberar.
En general la norma indica que son las personas adultas casadas o que se independizaron
del hogar paterno. Si no se casaron —el caso de algunos profesionistas—
el hecho de que tengan su propia casa o terreno, los hace elegibles y
pueden ser considerados como comuneros. También puede ser el jefe del hogar,
que es comunero en nombre de todos los dependientes de ese hogar.
En muchos casos, entre los dependientes del hogar están las mujeres. Un estudio
antropológico a partir de una encuesta a las autoridades municipales —eso
limita un poco la validez del estudio—, resalta que en 70% de esos 418 municipios,
las mujeres tienen algún tipo de participación en la asamblea y en el ejercicio
de cargos municipales. Otras investigaciones dicen que, en realidad, más
de la mitad de las mujeres va a la asamblea, pero no delibera. Y cuando ocupan
cargos, son muy bajos en el escalafón de prestigio y de ejercicio de autoridad, y
a veces muy limitados o acotados a temas considerados como tradicionalmente
femeninos, es decir, la salud, a veces la educación (en el comité de padres de
familia, por ejemplo). El tema es polémico y ha habido controversias por la exclusión
de la mujer del ejercicio de voto y de la posibilidad de participar.
En algunos casos, los que no son nativos, los “avecindados”, no pueden participar,
pero esto es muy evolutivo y hay reformas internas que se dan en las
comunidades para incluir, con ciertas condiciones, a gente que viene de afuera.
En algunos casos, tampoco pueden participar los emigrados, también llamados
“radicados”; que se instalaron en otra parte de la república mexicana o fuera
de ella como California o Nueva York. A veces pueden participar los que viven
en aldeas vecinas que dependen de una cabecera municipal, pero que no corresponden
al pueblo principal. Eso ha sido muy conflictivo en estos 15 últimos
años.
El impacto del
reconocimiento de usos
y costumbres
En la reforma de 1995 el estado de Oaxaca se planteó lo siguiente: Los procedimientos
y las normas de las comunidades son legítimos, lo reconocemos;
que los pueblos sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora y nosotros no los
vamos a buscar para que validen por un voto individual y secreto lo que hayan
decidido en asamblea. ¿Cuál ha sido el impacto de ese reconocimiento?
Ha habido una disminución general de la violencia, traducida en agresión física.
Las elecciones en esos 570 municipios, cada tres años, eran extremadamente
violentas, con muertos y muchas peleas entre partidos, agravadas según algunos,
por la injerencia de operadores políticos exteriores a las comunidades.
Surgen, sin embargo, una serie de controversias; así las llamaremos porque son
conflictos, pero no violentos. Son controversias en torno a quién puede parti-