AÑOS

Memoria DEL II Seminario BOLIVIA POST constituyENTE 111
¿Reconoce tensión
entre el derecho
internacional que busca
cierta universalidad
y el derecho a la
libre determinación
que por definición es
particular?
No, porque el derecho internacional ampara la libre determinación de los
pueblos. Siempre se ha hablado de esta tensión entre el universalismo y el
particularismo; como que los derechos indígenas son de un lado y los derechos
humanos y universales, del otro. Eso ocurre porque la construcción del
derecho internacional estuvo monopolizada por la cultura occidental, pero
ese monopolio ya terminó con la igual dignidad de los pueblos. En un tribunal
constitucional, si dejamos sólo en manos de abogados y la cultura occidental
la interpretación de los derechos humanos, pues mantendremos la
colonialidad. Si ese ejercicio de interpretación pasa a estar en manos de representantes
de distintos pueblos, hay una obligación de diálogo intercultural.
Así la construcción de los derechos de interculturaliza
La Constitución de Bolivia, cuando introduce el derecho al buen vivir, o la
Constitución de Ecuador que tiene un capítulo sobre los derechos de la naturaleza
ya son un cambio importante en la propia concepción de los DDHH.
Se deja ese modelo homocéntrico occidental de la definición de los derechos y
pasa a hablarse de derechos que incorporan la naturaleza. Hay un cambio en
el propio derecho internacional que empieza a interculturalizarse.
En la conversión de
municipios a autonomías
indígena originario
campesinas, ¿cómo lograr
la libre determinación en el
uso de recursos naturales
si la Constitución pone
condiciones?
Hay una tendencia
histórica a la
propiedad individual,
¿no cree que lo que se
impulsa actualmente es
un contrasentido a eso?
Tal vez la propia Constitución fue negociada y finalmente pactada por fuera
de la Asamblea, lo cual restringió algunos de los avances de la primera
versión. La Constitución refleja una serie de contradicciones que se pueden
salvar por la vía de la interpretación pluralista. Además, según el principio
de interpretación pro indígena siempre hay que buscar lo que da más derechos
y ventajas a los pueblos indígenas. Eso está consagrado por el derecho
internacional: en el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT y apoyado por la
Convención de tratados de Viena.
En Bolivia parece que las políticas públicas impulsan las titulaciones colectivas
de tierras, y no de tierras individuales. La experiencia histórica dice que
cuando hay parcelación de tierras comunales, por lo general, éstas acaban en
terceras manos; ya se vivió eso en el siglo XIX. En el Perú hay un programa
financiado por el BID, bajo la ideología de Armando de Soto, que plantea
parcelar las tierras. Incluso se dice que eso favorecerá a las mujeres indígenas
porque no tienen títulos en relación con los hombres. Es cierto que en las
comunidades hay muchos cambios por hacer en materia de derechos de las
mujeres y de los jóvenes, pero es cosa distinta titular individualmente para
que las tierras acaben en otras manos y se quiebren propiedades colectivas.
En todo caso, eso depende de cada contexto y realidad. Son los pueblos los
que tienen que decidir, informados sobre casos de otros lugares y en otras
épocas históricas.