AÑOS

Memoria DEL II Seminario BOLIVIA POST constituyENTE 215
bién están los avecindados, quienes por razones de migración fueron a tierras
bajas o a otros municipios de los que no son originarios. Luego tenemos a los
habitantes de pueblos aledaños o satélite de la cabecera municipal que quieren
tener voz y voto en el reparto de los recursos transferidos por el gobierno central
a la cabecera municipal.
Se tiende a excluir a los emigrados, aunque éstos contribuyen fuertemente en
los servicios y en la construcción de infraestructura con el dinero de las remesas.
Ellos exigen derecho a voz y voto en las políticas públicas de estos municipios
de usos y costumbres.
Los jóvenes. Muchas veces ellos ven en este sistema de gobierno un sistema gerontocrático,
en el que gobiernan los más viejos y los que tienen más prestigio
porque han cumplido más cargos y tienen más experiencia. Eso crea tensiones
con la población joven que tiene ciertos estudios y voluntad de hacer cosas por
la comunidad, pero que está relegada a cargos menores.
Los no católicos. Han sido muy comunes en municipios de este tipo los conflictos
de religión o expulsiones de personas que se convirtieron a una religión
distinta a la católica (evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, etc.).
También se ejerce la exclusión de opositores a través de dinámicas de instrumentalización
de la costumbre. Ésta es maleable, no está escrita o codificada y se
puede cambiar de una elección a otra. Algunos grupos políticos usan esa flexibilidad
para excluir y acallar a sus opositores, lo cual es totalmente autoritario.
Resolución de conflictos,
sólo puertas adentro
Por último, abordaré la resolución de conflictos. Esto lo discutirán en Bolivia en
estas semanas y meses. (Parece que aquí se han metido en un tema que puede
ser complicado con la Ley del Órgano Electoral Plurinacional [artículo 6.4]). Lo
ideal es que mientras no haya conflicto, las comunidades hagan lo que quieran
sin que se tenga que enterar ninguna institución del Estado.
Es decir, si se da autogobierno y autonomía, cada uno aplica las normas que
quiere. Así, ¿para qué promover la injerencia de un órgano electoral? Eso es,
en el mejor mundo posible. En general, hay inconformidad en los procesos, y
cuando eso ocurre debe haber algún tipo de arbitraje o de mediación que resuelva
lo que no puede resolver la autoridad tradicional, los ancianos, la gente
de experiencia o la misma asamblea comunitaria.
En Oaxaca, la conciliación es el método privilegiado para resolver conflictos; no
obstante, cuando ésta falla, no hay alternativa porque no hay una jurisdicción
donde se pueda apelar. El tribunal electoral rechaza toda impugnación que no
tenga que ver con elecciones por partidos políticos. Es decir, los 418 municipios
donde no intervienen los partidos no pueden acudir al tribunal electoral del
estado de Oaxaca. Tampoco hay una vía jurisdiccional de protección de los
derechos de la comunidad y de las normas y procedimientos propios de las
comunidades ante el tribunal federal electoral. Lo que hay es un juicio para
la protección de los derechos político electorales del ciudadano, es decir, del
individuo, no de la comunidad. No hay medio de impugnación ni jurisdicción
estatal y federal para los usos y costumbres.
Hasta hoy ha habido varias sentencias del tribunal electoral federal en el marco
de la protección de los derechos político electorales del ciudadano, pero ningu-