AÑOS

216
FUNDACIÓN TIERRA
na se ha pronunciado sobre el procedimiento mismo de nombramiento de las
autoridades locales, dejando a las comunidades la responsabilidad de definirlo.
Eso ha impedido que surja una jurisprudencia que garantice la participación
de todos los ciudadanos con derecho a voto (mujeres, avecindados, emigrados
que mantienen su domicilio en el municipio, habitantes de los pueblos vecinos,
etc.) en las elecciones por usos y costumbres. En ausencia de una jurisprudencia
y de otros medios de impugnación, la resolución de conflictos ha sido
por la vía política, la cooptación, la negociación o intimidación ejercida por el
partido de gobierno para que nadie se mueva; es decir, que los 418 sigan en su
categoría de usos y costumbres, y que se resuelvan los conflictos de la manera
más discreta posible.
Problemas y propuestas
de solución
Debe tenerse muy claro que hay usos políticos de la costumbre. Quiero resaltar
eso, porque a veces siento que hay un punto de vista tan idealizado de
la comunidad que se olvida que está constituida por personas humanas, que
como tales, son codiciosas y potencialmente ambiciosas, tanto como pueden
ser solidarias, generosas y desinteresadas. Además, pese a la prohibición de
partidos, éstos se las arreglan para entrar por la puerta de atrás, o son invitados
a ingresar por la puerta de atrás cuando algunos sectores dentro de la comunidad
quieren lograr ciertos cambios en la relación de poder.
En el caso mexicano no hay voluntad política para construir medios de impugnación
y mecanismos jurisdiccionales que permitan resolver problemas como
esos. Hay gente que propone, como solución, que se codifiquen los usos y costumbres,
lo cual me recuerda ese artículo de la Ley del Órgano Electoral de Bolivia,
que le asigna a éste el control de cumplimiento de los usos y costumbres;
para eso tendrá que conocer las normas. No sé cómo podrá conocer las normas
de todas las autonomías indígena originario campesinas bolivianas si es que
van aumentando más allá de las once en trámite.
Algunos proponen abrir una sala especializada en temas de derecho consuetudinario
que pueda tratar, a partir del conocimiento de esas normas, los
juicios que tengan que ver con elecciones bajo ese régimen. Otros dicen que
luego de que la asamblea nombre a sus autoridades por deliberación pública,
haya una validación por sufragio individual y secreto. Eso evitaría que ciertos
caciques, autoridades o grupos de poder controlen el voto del pueblo.
Hay quienes dicen que eso no resuelve nada, que habría que aplicar un referéndum
para determinar quién quiere ser autónomo —lo digo pensando en la
categoría boliviana. Esto es muy difícil por razones simplemente matemáticas:
si hay más avecindados que originarios, aquéllos decidirán probablemente no
ir al sistema de usos y costumbres y quedarse con el régimen de partidos, lo
cual violaría el derecho de los indígenas a mantener sus formas de gobierno.
Este es un dilema aún sin resolver, tanto en México como en Bolivia.