AÑOS

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FUNDACIÓN TIERRA
sugerencias de modificaciones sobre el texto propuesto. Se puede hacer un acta
de consentimiento firmada por los pueblos indígenas y el gobierno en la que
estén presentes las observaciones y las sugerencias de modificación planteadas
por los primeros.
Un siguiente paso, con toda esta información de la consulta y las observaciones,
es la modificación de la propuesta de medida. Es importante hacer un informe
sobre los comentarios e insumos que han sido recogidos, pero que no han sido
integrados, y siempre explicando por qué se procedió así. En algunos casos es
posible que los pueblos indígenas tengan visiones diferentes.
La etapa siguiente es la consulta final o validación del proyecto de medida modificado.
Una vez concluida la tarea, se invita a la directiva de todas las organizaciones
indígenas para la presentación del documento final con las modificaciones,
y se explican las razones por las cuales algunos comentarios no han sido
integrados. Con eso se busca el consentimiento final de los pueblos indígenas,
esta vez, sin observaciones. Si éstas persisten, hay que seguir trabajando para
buscar un consenso real sobre la norma.
La última fase es la difusión. Una vez que hay un acuerdo sobre la norma final,
es importante difundirla entre las bases para que todo el mundo sepa exactamente
en qué ha quedado el documento, y se prepare para su aplicación.
Si hay discrepancia
¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? El Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas no
otorgan un derecho al veto. Eso significa que el Estado puede seguir con la
medida, sin embargo, aquí es importante tomar en cuenta la importancia de la
buena fe. Si el Estado no ha buscado lograr un acuerdo, no hubo buena fe, por
lo tanto, no se habría realizado una consulta, sino una socialización o información.
Si el Estado mantiene su decisión, pese al rechazo de los pueblos indígenas,
tiene que justificarse. Y éstos tienen el derecho de recurrir a los tribunales y
cortes si estiman que no hubo buena fe o que la consulta no se llevó a cabo en
conformidad con sus procedimientos.