AÑOS

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FUNDACIÓN TIERRA
¿Cómo se hacen las
compensaciones, a
cuánto ascienden
sus montos, quién
hace el seguimiento?
¿Están destruyendo el
modo de vida de las
organizaciones?
La compensación sale de un acuerdo entre la empresa y el PIOC afectado. Los
montos han oscilado entre 0,5% y 2,6% del total de inversión [del proyecto].
En algunos casos se compensó a un pueblo indígena con 70 mil dólares y en
otros, con 1,6 millones de dólares. Qué yo tenga conocimiento, la mayor compensación
hasta la fecha fue en 2002 (en ese momento, yo estaba de asesor
de la Cidob), cuando se logró inicialmente $us 3.050.000 por servidumbres
e impactos directos. Luego, para un programa de desarrollo del pueblo guaraní,
se obtuvieron nueve millones, a ser desembolsados en 20 años; 450 mil
dólares por año.
Ahora, hay que ser críticos y autocríticos. Los recursos los reciben las organizaciones
y ellas mismas los administran a través de sus dirigentes. En este
momento, algunas organizaciones no rinden cuentas de sus gastos y eso les
está provocando conflictos internos. Ante eso, cito el caso del bloque Lliquimuni
[en el norte de La Paz]. La comunidad desconfiaba de sus dirigentes
y decidió no recibir compensación económica, sino obras; se reunieron con
ministerios del gobierno y establecieron demandas como viviendas, comunicación,
caminos y electricidad. Es un tema bastante complejo que debe debatirse
en algún momento.
¿Las compensaciones
ponen precio a la
naturaleza?
¿Qué opina sobre el
caso Corocoro?
No, son el reconocimiento que hacen las empresas por impactos que no son
mitigables. Lo ideal es que el pueblo indígena utilice los recursos para su desarrollo
y tenga un plan para ejecutarlos. Un ejemplo de decisiones acertadas
es de la TCO Parapitiguasu. Cuando acordó la compensación de tres y nueve
millones de dólares, fijó un monto mensual de dos mil dólares para el trabajo
de cinco dirigentes que hacían gestiones en beneficio de la capitanía; hicieron
eso en lugar de comprar camionetas cuatro por cuatro, como las otras
seis capitanías. Además, decidieron financiar un proyecto de mejora de sus
viviendas para combatir el mal de Chagas, tan difundido en la región, y otro
proyecto de compra de vacas para producir lácteos. Es bueno mostrar que se
hacen cosas buenas en las organizaciones, pero también manifestar preocupación
porque en algunos casos se genere división en éstas, usualmente porque
las decisiones no han sido adecuadas y no se toma en cuenta el criterio de
las bases. En la construcción de la nueva ley de hidrocarburos va a tener que
hablarse de este tema.
Tuve la oportunidad de dialogar con el tata Rafael Quispe y le manifesté que
en el asunto de Corocoro faltó voluntad política a las organizaciones para
plantear una reglamentación de consulta en minería, y le faltó voluntad política
al gobierno en admitir que se tenía que hacer la consulta en este sector.
Creo que hay que rectificar, y hay voluntad de otros sectores; algunas entidades
del Estado quieren que el Ministerio de Hidrocarburos brinde algunas
pautas y experiencias para que la consulta necesaria se aplique en otros sectores.
Les dijimos que, por supuesto, vamos a aportar a que se cumplan estos
derechos.